Editorial: Crisis de energía eléctrica

El arrendamiento costará $82 millones (¢43.950 millones) y reducirá el porcentaje de energía limpia del cual presumimos en el mundo. Además, el consumo de diésel elevará los recibos domésticos, comerciales e industriales con fuertes repercusiones para las familias y la producción.

Hasta hace un par de años, el ICE aseguraba tener capacidad instalada para satisfacer la demanda predecible y, todavía el año pasado, su presidente ejecutivo anunció en el Congreso la intención de vender plantas de generación térmica por considerarlas innecesarias. El ICE no previó un repunte en la demanda acompañado del descenso de la producción hidroeléctrica. Tanta fue la imprevisión, también en este caso, que la entidad intensificó sus exportaciones a Centroamérica en el 2022.

Tampoco previó el fenómeno de El Niño ni los efectos cada vez más pronunciados del cambio climático, con sus repercusiones sobre las plantas hidroeléctricas, cuyos embalses están en niveles críticos, en parte por la exportación a Centroamérica, que ayudó a apuntalar los resultados financieros del año pasado, pero dejó al país a las puertas del desabastecimiento.

Ahora, el ICE sí prevé el peso de esos factores en el futuro inmediato y por eso el concurso publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) plantea la contratación hasta el año 2026, cuando se espera una recuperación de los embalses de generación hídrica y la eventual incorporación de nuevas plantas privadas de energía eólica y fotovoltaica.

Mientras tanto, hay un elevado riesgo de “una condición deficitaria de generación hidráulica, ya que existe incertidumbre acerca de la duración y los efectos del fenómeno de El Niño y el cambio climático”, según las explicaciones que acompañan la invitación a participar en la contratación de emergencia.

El asomo de un espacio para la ampliación de la producción privada con fuentes limpias es una buena noticia; sin embargo, todavía a finales de la administración pasada, los esfuerzos para aprobar la ley de generación distribuida enfrentaron tenaz oposición del Instituto. La normativa permite a las empresas producir energía limpia para su propio consumo e inyectar parte del excedente a la red nacional para obtener créditos aplicables cuando necesiten energía de esa misma red.

Poco antes, el ICE había decidido condenar a las chatarreras la inversión en plantas privadas, a cuyos propietarios se les habían vencido los contratos y les negaba siquiera la posibilidad de exportar electricidad a Centroamérica. En la legislación nacional, subsisten fuertes limitaciones a la capacidad de la iniciativa particular y el país tiene años de dar la espalda a las inversiones en este campo.

Todas estas cortapisas entran en clara contradicción con la situación actual y el futuro previsible. Es hora de diseñar una política energética con aprovechamiento de todas las posibilidades compatibles con la vocación ecológica del país y abandonar prejuicios anquilosados. Además de asegurar el abastecimiento y la pulcritud de su procedencia, la posibilidad de reducir las tarifas está demostrada.