EscucharHace solo unos días, el Ministerio de Hacienda anunció que Costa Rica había solicitado una línea de crédito por $1.500 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo un acuerdo de dos años en la modalidad de Línea de Crédito Flexible (LCF). La solicitud fue presentada durante la consulta del Artículo IV ante el Directorio Ejecutivo del FMI, el pasado 12 de mayo.
La LCF es un instrumento reservado para países con fundamentos macroeconómicos sólidos y un marco institucional robusto en materia de política económica. Su objetivo es brindar respaldo financiero ante posibles choques externos que puedan afectar la balanza de pagos, sin exigir a cambio el cumplimiento de condiciones futuras.
Esta decisión del gobierno debe analizarse con cautela. Es cierto que las medidas fiscales aprobadas por la Asamblea Legislativa en la administración anterior, junto con la disciplina mostrada por el actual gobierno en este campo, han permitido –pese al reciente deterioro– cumplir con los requisitos exigidos por el FMI para acceder a la LCF. También es innegable la complejidad del entorno internacional, marcado por tensiones geopolíticas entre las principales economías del mundo y por la confusa política arancelaria de nuestro principal socio comercial, factores que podrían impactar negativamente nuestras exportaciones y los flujos de inversión extranjera.
Las autoridades del Banco Central han advertido públicamente sobre los posibles efectos de una desaceleración en la inversión extranjera, como se informó hace poco en un reportaje de este medio. Asimismo, en su más reciente Informe de Política Monetaria, el Banco Central revisó a la baja las proyecciones de crecimiento económico: ahora estima un crecimiento del 3,6% para 2025 y del 3,8% para 2026, frente a las proyecciones de enero pasado de 4,1% y 4%, respectivamente. Esta revisión es coherente con la incertidumbre global y con la reducción de las estimaciones de crecimiento mundial por parte de varios organismos internacionales.
Sin embargo, lo cierto es que el país no enfrenta actualmente un problema de balanza de pagos. Por el contrario, el déficit de cuenta corriente se vino reduciendo en el pasado y actualmente se mantiene estable, mientras que el nivel de reservas internacionales es elevado. Aunque la inversión extranjera directa se desaceleró en 2024 y podría verse aún más afectada en 2025, los flujos siguen siendo adecuados. Tampoco se prevé una salida masiva de capitales ni una caída abrupta de las exportaciones.
Todo esto lleva a concluir que no existen razones de peso para justificar la solicitud de esta línea de crédito, salvo que lo que se busque sea obtener un sello de garantía de parte del FMI o que, efectivamente, se trate de una medida meramente precautoria que permitiría al Banco Central acceder a un fondo de emergencia en caso de extrema necesidad, sin intención real de utilizarlo.
En este contexto, resulta llamativo que el anuncio de la solicitud haya sido realizado por el ministro de Hacienda y no por las autoridades del Banco Central, quienes han mantenido un perfil muy bajo en torno a este tema. Además, la decisión se tomó cuando las posibilidades de que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley para modificar las condiciones y el calendario de las emisiones de eurobonos –solicitado por el Poder Ejecutivo– son prácticamente nulas, lo que limitaría al gobierno en su acceso a financiamiento externo durante el último año de su mandato.
Es fundamental que el Banco Central aclare con precisión las motivaciones y objetivos detrás de esta decisión, especialmente por los posibles efectos distorsionantes que un ingreso extraordinario de divisas podría tener sobre el tipo de cambio. Esto podría, intencionadamente o no, mantener artificialmente el valor del colón en un año electoral o perjudicar innecesariamente a los sectores exportador y turístico, ya de por sí afectados por la marcada apreciación del colón y por un entorno externo adverso. La credibilidad e independencia del Banco Central están en la mira.
