Las medidas para enfrentar la pandemia de la covid-19 redundan en una caída significativa de la producción, el recrudecimiento del desempleo y el aumento de la pobreza, con grave deterioro de las finanzas públicas, maltrechas desde antes de la crisis. El país está obligado a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad multilateral de la cual Costa Rica es miembro, para obtener un préstamo en condiciones blandas como apoyo presupuestario y también como refuerzo de la balanza de pagos. El monto estimado de ese préstamo es de $1.750 millones, a ser desembolsados a los largo de los próximos tres años.
Costa Rica hizo ya el primer contacto con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, calcula que la negociación podría tomar dos semanas. La estimación es un tanto optimista, pues el FMI no concede un préstamo de esa magnitud sin un conjunto aceptable de condiciones que garanticen mejorar la situación económica del país receptor y su capacidad de pagar el crédito.
El FMI ofrece apoyo para atender problemas de inestabilidad temporal, que demandan rápidas soluciones administrativas, es decir, bajo el control del Poder Ejecutivo. Los convenios de este tipo se denominan stand-by. Los convenios stand-by normalmente tenían un plazo de ejecución coincidente con el plazo de la administración del país suscriptor. Para enfrentar debilidades estructurales, necesitadas de respuesta a mediano y largo plazo, y hasta de reformas legales, los países solían recurrir al Banco Mundial.
Sin embargo, el FMI incursionó en acuerdos de más largo alcance (en período de ejecución y profundidad de las medidas), denominados facilidad de fondo ampliada, extended fund facility (EFF). Esa figura es la recomendada a Costa Rica por la directora gerente del FMI en esta oportunidad. En consecuencia, las medidas de ajuste económico eventualmente acordadas sobrepasarían con creces el período constitucional de la administración Alvarado Quesada. Eso llama a lograr, previamente, un acuerdo interno entre el gobierno y un conjunto representativo del país.
La administración anunció la apertura de un período de amplias negociaciones internas, pero debe precisar la forma para llegar, hasta donde sea posible, a un acuerdo sobre los ajustes requeridos por las finanzas públicas en los próximos tres años, tanto por el lado de los ingresos tributarios como de otras posibles fuentes de recursos, incluida la venta de activos públicos y el control sostenible de gastos.
Las agrupaciones políticas de oposición exigen conocer las medidas estructurales que la administración Alvarado piensa proponer al FMI. Se trata de una negociación de vital importancia porque a finales de este año el endeudamiento del Gobierno Central sobrepasará el 70 % del valor de la producción anual (PIB). En ausencia de fuertes medidas correctivas de efecto casi inmediato, crecerá de manera insostenible en los próximos años. Esto es, precisamente, lo que un ajuste estructural bien diseñado se propondría evitar, pues la carga de intereses consumiría porciones demasiado altas del presupuesto nacional y restaría eficacia a los programas del Estado.
El presidente del Banco Central afirma que un objetivo fundamental de las medidas de ajuste es que el endeudamiento del Gobierno Central descienda al 50 % del PIB en el 2034. Como eso también comprometería a las tres próximas administraciones, las medidas acordadas con el FMI deben contar con el beneplácito, cuando menos, de los partidos políticos más representativos. Ojalá el pronóstico del jerarca del ente emisor sea certero y suficiente para desarrollar negociaciones tan complejas. En caso contrario, esperemos que no exijan mucho tiempo más.
