Veinticuatro familias de la urbanización Valladolid, en Los Guido de Desamparados, viven pendientes de una cadena de WhatsApp establecida para alertar de agrietamientos o ruidos en el inestable terreno donde se asientan sus casas. Algunas están ya al borde del barranco creado por los deslizamientos y, en estos días, las lluvias aumentan la preocupación, que no es estacional, porque un sismo podría tener consecuencias devastadoras en cualquier momento.
Tres estudios de suelos sirven de fundamento a las propuestas de estabilización del terreno, todas muy caras. La Comisión Nacional de Emergencias estudia una combinación de terrazas, anclajes, muros de contrafuerte y drenajes horizontales para estabilizar el terreno, condenado a desplomarse si la intervención no se concreta a corto plazo.
En octubre del 2017, unos 50.000 metros cúbicos de material fueron a dar al río Jorco, arrastrando parte de la carretera, una zona verde y postes de luz. Desprendimientos similares son inevitables mientras no se ejecuten las labores de estabilización, pero nadie puede dar certeza del momento del próximo incidente. Hay vidas en peligro.
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Los tres estudios ejecutados desde el inicio de los deslizamientos identifican el riesgo, pero cabe preguntar por el resultado de los análisis previos. Ningún terreno, especialmente los ubicados en laderas, debe ser desarrollado sin un examen de las condiciones del suelo. Costa Rica, como país sísmico, con un intenso régimen de lluvias y topografía irregular, nunca puede pasarlo por alto.
Las leyes reguladoras de la urbanización y construcción establecen detallados requisitos para asegurar la integridad de las edificaciones y de sus habitantes. Los permisos requeridos garantizan la observancia de esas normas. No obstante, la construcción en terrenos inestables, en laderas y márgenes de ríos es común y con frecuencia ofrece motivos para el lamento. El estudio de suelos está entre los requisitos más burlados.
Las autoridades municipales de Desamparados no tienen certeza de la existencia de estudios previos al desarrollo de la urbanización Valladolid. Atribuyen las dudas a las décadas transcurridas desde el inicio de las obras. No obstante, el cantón ha figurado consistentemente entre los más alejados de la formalidad en la construcción, aunque no es el único.
El 39 % de las edificaciones levantadas en el primer semestre del 2020 careció de permisos municipales, dice un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), con base en las inspecciones practicadas en 1.262 obras, en 51 cantones. Los riesgos, indica el Colegio, no se limitan a debilidades estructurales y precariedad de las instalaciones eléctricas, sino también a la ubicación en zonas no aptas para edificar por factores que deben ser contemplados antes de conceder permisos.
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Las construcciones al margen de la ley magnifican el impacto de los fenómenos naturales. La urbanización Valladolid es considerada víctima de la tormenta tropical Nate, en el 2017. Por eso, la Comisión Nacional de Emergencia cuenta con los fondos necesarios para intentar el salvamento si los estudios justifican la inversión hasta de ¢2.000 millones.
La prevención siempre será más barata y, sobre todo, salvará vidas. Las municipalidades tienen un papel de primera línea en la lucha por evitar pérdidas económicas, como las de la urbanización Valladolid, y humanas, como las experimentadas por idénticos motivos en muchas regiones.
