EscucharLa crisis es apremiante, y si una parte de la población todavía no la percibe poco tardará en darse cuenta, pero la clase política no tiene excusa para actuar como si dispusiéramos del lujo del tiempo. El gobierno debe liderar con más vigor, no cabe duda, pero el resto de las instituciones, comenzando por los partidos políticos y la Asamblea Legislativa, no pueden sentarse a esperar a que lo haga.
Es preciso trasladar el examen y discusión de las soluciones a la sede legislativa, sin relevar al Ejecutivo de su obligación de proponerlas y absorber el impacto político. En esa línea, el empresario Luis Javier Castro plantea la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de las fracciones legislativas y el gobierno, especialmente su equipo económico, para llevar la conversación a Cuesta de Moras, donde eventualmente concluirá, no importa cuál sea el camino escogido para llegar ahí.
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La mesa de trabajo tendría el respaldo técnico de un grupo de alto nivel, limitado en número y conformado por los principales economistas del país. Ese conjunto de asesores se abocaría a examinar las consecuencias y eficacia de las propuestas para retroalimentar las discusiones de quienes al final decidirán: los diputados en primera instancia y, en su momento, el Ejecutivo con la sanción requerida por la Constitución Política.
Los procesos de diálogo en marcha suscitan escepticismo, con sobrada razón. La metodología y normas de operación se definirán sobre la marcha y no hay claridad de objetivos. Otros intentos han fracasado y los actuales no exhiben motivos para cimentar confianza. Sobre todo, el tiempo pasa y si al final del ejercicio no hay acuerdos suficientes, habremos perdido otro mes.
La conversación en el Congreso podría comenzar en paralelo, abierta a la posibilidad de incorporar propuestas salidas de los procesos de diálogo de la sociedad civil, si resultaran adecuadas para enfrentar la crisis. Los participantes en otros foros, incluido el convocado por el gobierno, saben que la anuencia de la Asamblea Legislativa será de todas formas necesaria para poner en práctica toda propuesta.
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El país ha sacado provecho de comisiones mixtas creadas al alero del Congreso en otras oportunidades. La idea de Castro se aproxima mucho a ese molde y representa una oportunidad para la Asamblea Legislativa de recuperar su papel central en la toma de decisiones fundamentales, como lo hizo al aprobar las primeras reformas de este período constitucional.
Hace años, cuando el país enfrentó la trascendental decisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos, el Congreso se ausentó y fue necesario reemplazarlo por un referendo. Decidida la cuestión en las urnas, por estrecho margen, el Poder Legislativo retomó sus responsabilidades para tramitar la agenda complementaria.
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Desde entonces, el Congreso venció la tendencia a la inercia y el estancamiento en dos oportunidades: cuando aprobó la Ley de Solidaridad Tributaria de la administración Chinchilla, malograda en la Sala Constitucional por razones de trámite, y cuando votó, en el 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y un par de significativos proyectos posteriores.
El Congreso puede funcionar si las circunstancias lo exigen y el manejo es adecuado. Es hora de traerlo al centro de la discusión, ya no como observador, sino como indispensable protagonista de la forja de acuerdos necesarios para conjurar, cuanto antes, las graves amenazas de la crisis fiscal, económica, sanitaria y política.
