La noche del domingo, el Ministerio de la Presidencia se dedicó a coordinar una avalancha de objeciones a los recortes en el presupuesto nacional propuestos por diputados opositores. Los mensajes inundaron la Asamblea Legislativa y las salas de redacción de los medios de comunicación.
La tarde del lunes, como respuesta a la protestas de la oposición, el Ministerio de Hacienda se manifestó de acuerdo con reducir el plan de gastos en ¢150.000 millones, no en los ¢211.000 millones planteados por la fracción del Partido Liberación Nacional. A partir de ese momento, no cupo duda de la posibilidad de recortar las previsiones de gasto ni del desacierto del Ministerio de la Presidencia.
Entrada la tarde del martes se anunció un acuerdo entre el gobierno y los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana, Restauración Nacional, Republicano y Nueva República para hacer el recorte de ¢150.000 millones, con la posibilidad de efectuar ajustes en enero para asegurar el financiamiento de funciones esenciales que pudieran verse afectadas por la rápida aprobación de los recortes.
Horas más tarde, la fracción del Partido Acción Ciudadana manifestó su voluntad de permitir la fluidez del proceso democrático pese a su desacuerdo con la reducción de gastos. Había gran cantidad de mociones por votar y la mayoría de los diputados se inclinaban por aprobarlas. No había duda de la ruta señalada por el ejercicio democrático.
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Poco después, los diputados del PAC se unieron con los del Frente Amplio para pronunciar largos discursos, incumplir lo pactado y faltar al compromiso con la democracia proclamado poco antes. La voltereta garantizó el dictamen negativo del presupuesto por nueve votos contra dos.
El miércoles por la mañana, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, reiteró su intención de reducir el plan de gastos en ¢150.000 millones. Para ese momento, las contradicciones y cambios de posición del oficialismo habían avivado tensiones que el anuncio del ministro no podía aliviar.
Para entonces, también había quedado en entredicho el liderazgo del presidente, Carlos Alvarado, su compromiso con la reducción del gasto, el valor de la palabra empeñada por el oficialismo, la aprobación del presupuesto, la venia legislativa para nuevos empréstitos y la relación con las fracciones de oposición, indispensable para emprender las negociaciones requeridas por la profunda crisis nacional.
En 72 horas, el PAC dinamitó todos los puentes mientras el gobierno intenta construir uno nuevo con los residuos del fracasado diálogo nacional. El desinterés del oficialismo por las medidas de ahorro es una oportunidad perdida para establecer credenciales de responsabilidad fiscal, sin las cuales difícilmente conseguirá la aprobación de nuevos ingresos, sean empréstitos o impuestos.
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Cabe preguntarse por qué los recortes aceptados por el Ministerio de Hacienda no fueron incorporados desde el inicio al plan de gastos y, como lo sugería nuestro editorial de ayer, por qué el Ministerio de la Presidencia no orquestó la búsqueda de oportunidades de ahorro en lugar de una reacción contra las medidas propuestas por la oposición, pero el desenlace en la Comisión de Hacendarios despeja las dudas. El PAC, con el agua al cuello, sigue empeñado en mantener el statu quo. El ahorro de ¢150.000 millones es una medida simbólica. El monto apenas representa el 1,3 % del presupuesto, pero el gobierno y su fracción legislativa han sido incapaces, hasta ahora, de rescatar siquiera el simbolismo.
Lo sucedido aviva las sospechas de una pretensión de financiar el año y medio restante del periodo presidencial sin generar las reformas necesarias para garantizar el aprovechamiento de los nuevos sacrificios tributarios, cuya inutilidad salta a la vista si no tapamos los boquetes por donde fluye la hemorragia de recursos públicos. El nuevo diálogo nace con severas limitaciones, comenzando por sus antecedentes, pero en este contexto podría ser un mero recurso dilatorio. El país no puede darse ese lujo.
