25 octubre

Los usuarios potenciales de una nueva y moderna carretera a San Carlos, en particular los habitantes de la región, deben estar cansados de esperar. La vía, de solo 30 kilómetros, cumple este mes 15 años de estar en construcción. Problemas de diversa naturaleza, desde los geológicos hasta desviaciones de lo planeado, así como la lentitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a lo largo de estos lustros, explican la situación.

El MOPT tiene en estudio opciones para completarla y administrarla utilizando la figura de concesión de obra pública. Una de ellas es que la empresa escogida la termine con recursos propios y luego la administre. Otra es que el MOPT construya la obra y dé el mantenimiento en concesión a una empresa.

En uno y otro caso, los peajes serían definidos dependiendo del valor de la construcción, la administración y el mantenimiento, así como del tráfico. El Estado, que ya ha invertido en estudios y en parte de la construcción, recuperaría lo pagado y, en una situación tan endeble de las finanzas públicas, no dejaría de constituir un gran beneficio.

La primera opción, concesionarla como está, sería la mejor si el MOPT estuviera limitado en algún sentido y eso pospusiera la fecha de inauguración. De lo contrario, el Ministerio podría continuar la construcción, utilizar en su totalidad los recursos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y luego concesionarla. En este caso, sería la primera vez que Costa Rica recurre al otorgamiento de una obra existente, estrategia denominada optimización de activos.

La concesión de obra pública existente, como carreteras necesitadas de mejora y mantenimiento, plantas eléctricas, acueductos y otras, constituiría una cuantiosa fuente de recursos para el fisco, pues el concesionario no hace grandes desembolsos por el activo y se le exigen pagos numerosos por el negocio en marcha, que solo requiere mantenimiento y administración. Los recursos recuperados podrían ser invertidos en el desarrollo de otras obras para cerrar la brecha entre necesidades y posibilidades.

Desde hace muchos años Costa Rica cuenta con un marco legal apropiado para la concesión de obra pública, así como con el Consejo Nacional de Concesiones (CNC); sin embargo, el mecanismo no se mueve a la velocidad indispensable para el desarrollo del país. Basta con pensar en la carretera San José-San Ramón, cuyo contrato otorgado a una empresa privada fue desechado hace años, lo cual significó una considerable indemnización. El fideicomiso pregonado como fórmula mágica para ejecutar la obra no rinde frutos y todo apunta a peajes comparables o superiores a los propuestos originalmente.

El tiempo también corre para la carretera a San Carlos y sus modestos 30 kilómetros por completar. Pese a la tardanza, son proyectos cuyos componentes financieros y de ingeniería son relativamente sencillos, pero no ha sido posible conformar un equipo de trabajo permanente para atenderlos con prontitud. La concesión por iniciativa privada tampoco termina de alzar vuelo.

La rendición de cuentas en esta estratégica área de acción del Estado moderno es, en general, pobre, y casi siempre se achacan los atrasos a las consultorías. El movimiento se demuestra andando. Nos unimos a las exigencias de los sancarleños e instamos a las autoridades del MOPT a que, cuanto antes, muestren la hoja de ruta para llevar a buen puerto la nueva carretera a San Carlos. Es necesario conocer los principales hitos de la ruta y el grado de avance esperado en cada caso. No es mucho pedir. Al contrario, es lo mínimo.