Editorial

Editorial: Compras sin justificación

La inversión de ¢7.955 millones en 44 terrenos donde es imposible construir escuelas y colegios exige un cuidadoso estudio judicial y administrativo.

La Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación (MEP) es fuente constante de pésimas noticias. Un informe de la auditoría interna acaba de acreditar otro inverosímil traspié al largo historial acumulado por esa dependencia. Entre el 2014 y el 2019 la DIE dirigió la inversión de ¢7.955 millones en 44 terrenos donde es imposible construir escuelas y colegios.

En la mayoría de los casos, los obstáculos son obvios. No hace falta un conocimiento especial para darse cuenta de la proximidad de una pista de aterrizaje, y con apenas un poco de diligencia los encargados pudieron identificar el riesgo de inundación o la existencia de nacientes.

El descuido es tanto que suscita dudas. En diciembre del 2019, el Ministerio Público allanó oficinas del Ministerio de Educación para investigar la compra de dos propiedades inservibles donde se pensó construir la Escuela María Auxiliadora, de Las Vueltas de Tucurrique, y el Liceo de Copey, en Dota.

Esos casos no fueron analizados por la auditoría debido a la investigación en trámite, pero, a la inversa, las compras examinadas en el más reciente informe podrían exigir una ampliación de las pesquisas de la Fiscalía para revisar posibles conductas delictivas en los procesos de compra.

Cuando menos, los hallazgos de la auditoría deberían servir para establecer responsabilidades administrativas y ejecutar despidos. Es imposible pensar que el gasto de ¢7.955 millones en 44 operaciones distintas, todas defectuosas, sea producto de circunstancias fortuitas y excusables. Las responsabilidades seguramente constan en los expedientes de compra.

Nuestra legislación, lo comentábamos en un reciente editorial sobre las relaciones de hechos de la auditoría interna del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) relacionadas con anomalías atribuidas desde el 2013 a funcionarios hoy vinculados con el caso Cochinilla, no ha logrado equilibrar la protección de los empleados estatales frente a la arbitrariedad con la defensa de los intereses sociales en casos de corrupción o negligencia. Los despidos son difíciles de ejecutar, los procesos se prolongan demasiado y la restitución del funcionario por los tribunales es frecuente.

En cualquier caso, no hace falta un departamento de infraestructura educativa si es incapaz de detectar problemas tan obvios. Los perjudicados inmediatos son los estudiantes y el personal docente de centros educativos plagados de deficiencias incompatibles con la buena formación. El inicio del curso lectivo, hace pocos días, se hizo con 72 planteles sujetos a órdenes sanitarias. La Escuela de Barbilla, en Matina de Limón, es uno de los ejemplos más dramáticos: tiene tres órdenes sanitarias de cierre emitidas por el Ministerio de Salud a partir del 2015 y los técnicos recomiendan su demolición por «ruinosa e insalubre».

Mientras tanto, el fideicomiso educativo establecido en el 2013 para levantar 103 proyectos de infraestructura valorados en $167,5 millones es un notable fracaso. Apenas alcanzó para la mitad de los proyectos, precisamente por errores de cálculo y planificación tan evidentes como las deficiencias de las 44 propiedades adquiridas sin las más elementales consideraciones previas. En algunos casos, por ejemplo, el Ministerio de Educación no presupuestó la compra del terreno. El contraste entre la alegre disposición de los recursos y las graves necesidades de los centros educativos en todo el país es indignante. El radical cambio del DIE no debe ser pospuesto.