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Para la construcción de la Escuela Félix Villalobos Vargas, en Zarcero, Alajuela, el Ministerio de Educación Pública (MEP) pagó ¢204 millones por un terreno, el cual está inscrito a su nombre desde setiembre de 2015.
Desde entonces, han pasado casi seis años sin que en la propiedad se levantara el centro educativo. De hecho, no se va a construir.
Así lo afirmó la Auditoría interna del MEP en el informe 02-2021Terrenos - DIE, en el cual se da a conocer una revisión de los inmuebles comprados por la institución entre el 2014 y el 2019, para la construcción de escuelas.
El análisis concluye que la compra de terrenos que quedan en desuso no es un hecho aislado en el MEP, sino una práctica habitual.
Según el documento, en los cuatro años de estudio se adquirieron 44 terrenos por ¢7.955 millones en los que nunca se levantaron construcciones, ya sea por falta de recursos o por problemas que se detectaron después de adquiridos.
35 de esos inmuebles fueron comprados entre el 2014 y 2017 y nueve, del 2018 al 2019.
Esas propiedades están dentro de las 96 adquiridas por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) en ese cuatrienio. De ellas, 50 contaban con un proyecto de infraestructura asociado; el resto no.
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En el caso de la Escuela Félix Villalobos, contra la cual el Ministerio de Salud emitió orden sanitaria por el mal estado, los funcionarios de la DIE indicaron que darían mantenimiento a las viejas instalaciones y que no contemplan construir en el terreno comprado. Además, añadieron, no tienen presupuesto para el proyecto.
“Nótese que la falta de planificación y coordinación implicó la inversión de ¢204 millones en un terreno. Bien pudieron haberse utilizado (esos millones) en el mantenimiento del centro educativo y otros centros educativos que se encuentran en condiciones similares”, indicó la Auditoría interna.
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Consultada Catalina Salas, actual cabeza de la DIEE, dijo que en este momento no tienen respuestas al informe, pues trabajan en ellas y estarían listas hasta agosto.
Desperdicio de recursos
Para realizar el estudio, la Auditoría solicitó a la DIEE que de los 96 expedientes suministrados, certificara cuáles contaban con un proyecto de construcción asociado.
“Se encuentran 35 terrenos que no están construidos después de 3 o 6 años de haberse adquirido. Como se puede observar, existen ¢7.955 millones subutilizados, cuando los recursos públicos deben garantizar el cumplimiento de objetivos estatales”, añadió el órgano fiscalizador.
Según explicaron, es responsabilidad del MEP satisfacer el interés público y dar una atención inmediata de las necesidades de infraestructura, pero con planificación, para evitar que los terrenos queden, como ahora, en abandono.
“Es evidente que no ha existido una adecuada planificación en la adquisición de terrenos que garantice el uso correcto de los recursos públicos. Gran parte de los adquiridos se encuentran sin uso y en algunos casos sin proyecto de construcción asociado, mientras que hay centros educativos donde los niños y jóvenes reciben lecciones en instalaciones que no reúnen las condiciones mínimas”, se explica en el documento de la investigación realizada por la auditoría.
Actualmente, hay 853 escuelas y colegios con órdenes sanitarias, 72 en las cuales las condiciones son tan graves, que la instrucción del Ministerio de Salud es cerrarlas.
Sin invitaciones ni ofertas
En la revisión de los expedientes, la Auditoría no halló invitación a oferentes para que presentaran propuestas de propiedades. Existe solamente el informe de terrenos de la DIEE, la visita a algunos y documentos sobre la posibilidad de la venta y sus características.
Según la Auditoría, lo descrito podría obedecer a la ausencia de controles y procedimientos de recibo de ofertas que deben de constar en el expediente, para que los funcionarios encargados de la evaluación tengan un insumo para el análisis antes de hacer la adquisición y que el mismo conste en los expedientes.
“Se han comprado terrenos por miles de millones de colones al margen de lo establecido por la Contraloría General de la República, sin que esto implique además que sea la mejor opción para el centro educativo”, dijo la Auditoría.
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Sin avalúos
Según se explica en la investigación, para los casos de compra de terrenos en los que se valoraba más de una opción, deberían constar en el expediente todos los avalúos elaborados por el Ministerio de Hacienda, municipalidad o de la misma DIEE a todas las ofertas para elegir la mejor opción.
Sin embargo, se evidenció la existencia de más de una propuesta que no contaba con los avalúos. En la mayoría de estos casos, esos terrenos fueron descartados y el escogido sí tenía el avalúo.
Según el artículo 165 de la Ley de Contratación Administrativa, para adquirir bienes inmuebles, la Administración debe seguir el procedimiento de licitación pública, salvo los casos en que leyes especiales autorizan para ejercer las facultades de expropiación o bien cuando medie autorización de la Contraloría.
La legislación establece que en el cartel respectivo, se debe indicar que el inmueble será sometido a un avalúo a efecto de que el precio de adquisición en ningún caso supere el monto de esa estimación.
Antes de adjudicar, añade, deberá constar en el expediente una justificación técnica en la cual se acredite que el bien es apto para la necesidad que se pretende satisfacer. Adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio “generará responsabilidad disciplinaria”, indica la ley.
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En este caso, sin embargo, a pesar de las anomalías encontradas, la Auditoría no pidió una investigación para determinar responsabilidades de los funcionarios.
El fiscalizador se limitó a solicitar que se definiera una estrategia a mediano plazo para proveer la infraestructura a los terrenos que se encuentran sin proyecto asociado, siempre y cuando se mantengan las necesidades del centro educativo, dado el tiempo que ha pasado.
“Sobre esto se harán las gestiones que corresponda como mejora de los mismos”, dijo la directora de Infraesctuctura.
