La Fiscalía Anticorrupción investiga a dos funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito e influencia en contra de la hacienda pública, mediante la compra de dos terrenos inservibles para construir escuelas.
Como parte de la investigación, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron seis allanamientos, la mañana de este lunes.
Las autoridades judiciales decomisaron pruebas documentales en los despachos de los implicados y en otras oficinas del Ministerio de Educación Pública (MEP), entre ellas Recursos Humanos, Financiero, Tecnología y Gestión de Trámites. También allanaron las oficinas de la empresa de topografía Geocad S.A.
Los hechos se relacionan con la adquisicón de los terrenos para la construcción de la Escuela de Las Vueltas de Tucurrique, en Cartago, y del Liceo de Copey, en Dota.
El 21 de noviembre, La Nación dio a conocer ambos casos..
Posteriormente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) recibió denuncias y procedió a abrir la causa penal.
“No es posible brindar el nombre de los investigados, ya que, por política de la Fapta, solo se podrá hacer cuando las personas hayan sido indagadas; sin embargo, la investigación en su contra continúa en desarrollo”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
El delito de enriquecimiento ilícito se sanciona con prisión de tres a seis años y lo comete “quien, aprovechando ilegítimamente el ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión, por sí o por interpósita persona física o jurídica, acreciente su patrimonio, adquiera bienes, goce derechos, cancele deudas o extinga obligaciones que afecten su patrimonio o el de personas jurídicas, en cuyo capital social tenga participación ya sea directamente o por medio de otras personas jurídicas”.
Mientras, la Influencia contra la Hacienda Pública tiene un castigo de dos a ocho años de prisión. Incurre en esa conducta el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fi".
Estas delitos están regulados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los terrenos fueron adquiridos por un monto de ¢289 millones, sin embargo tras inspecciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), el Ministerio conoció que no podía construir ahí por la existencia de nacientes de agua.
El terreno en Las Vueltas de Tucurrique costó ¢39 millones y sería destinado para levantar la escuela; mientras que el de Copey ¢255 millones, y sería para levantar el liceo.
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El Ministerio de Educación Pública, mediante un comunicado, afirmó que se pusieron a las órdenes de las autoridades judiciales. En el documento informaron de que el origen de las investigaciones fueron denuncias “por supuestas irregularidades en la compra de los terrenos”.
“Las acciones cuestionadas, que corresponden a la DIEE, habían sido remitidas para consulta a la Auditoría Interna por parte de la misma ministra Guiselle Cruz". La gestión se realizó el mes pasado, luego de la publicación de La Nación.
Ante consultas del diario, avanzada la tarde, el MEP confirmó que los investigaciones son funcionarios de la DIEE y que la ministra instruyó la apertura de “una investigación administrativa tendiente a averiguar la verdad real de los hechos sobre la compra de terrenos para la Escuela María Auxiliadora , situada en las vueltas de Tucurrique de Cartago y para el Liceo de Copey de Dota”.
La investigación judicial se suma a una larga lista de problemas presentados en esa dependencia, reconocidos por el Ministerio.
De hecho, en el comunicado de este lunes se señala que desde junio se promueve una reorganización administrativa de esa dependencia, con revisión de procedimientos para fortalecer el control interno.
“Dicho trabajo ha estado a cargo de una comisión creada ad hoc a fin de dar respuesta a estudios anteriores para determinar la planificación, factibilidad y mantenimiento de los proyectos de infraestructura”, informó.
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En marzo pasado, el entonces ministro Edgar Mora, denunció posibles casos de sobreprecios de los proyectos, irregularidades en compra de terrenos y en construcción por parte de esa misma oficina.
La DIEE cuenta con 119 funcionarios, entre ellos, ingenieros, arquitectos, abogados y administrativos.
El hallazgo lo hizo el MEP, luego de una revisión al azar de los proyectos para construir centros educativos.
Los terrenos
Luego de pagar ¢39 millones por el lote en Las Vueltas de Tucurrique, en Cartago, la DIEE se percató de que había una naciente en un terreno aledaño, cerca de la entrada de la finca comprada. Esta circunstancia impide cualquier obra en los 19.363 m².
La DIEE se dio cuenta de la situación cuando envió al topógrafo, a quien le bastó una sola visita para alertar de la presencia del cuerpo de agua, pero para entonces ya se había pagado el lote.
Un criterio de mayo de este año de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) confirmó la presencia de la naciente de tipo permanente, es decir, durante todo el año, por lo cual no se puede realizar ninguna obra en un radio de 100 metros a la redonda. Ese espacio corresponde al llamado retiro de protección que establece la normativa ambiental.
A raíz de ese descuido, los estudiantes de la Escuela María Auxiliadora se quedarán en su viejo centro educativo, expuesto a las crecidas del río Las Vueltas.
El director del centro educativo, Joni Gamboa, relató que la DIEE le informó que ese terreno solo serviría “para sembrar arbolitos”.
"Fue muy molesto. El dinero que se gastó en el terreno que no sirve, no califica, mejor hubiéramos hecho los gaviones de esta escuela (la actual) y se remodela; estuviéramos mejor y no hubiéramos comprado un terreno que no tiene utilidad”, había afirmado Gamboa a La Nación.
Malas decisiones
Dos ejemplos de adquisiciones de lotes para contruir centros educativos en sitios no aptos debido a la existencia de nacientes.
FUENTE: MEP || C.F. / LA NACIÓN.
La Dirección de Infraestructura también compró en 2014 el terreno de 18.000 m² para construir el Liceo de Copey, en Dota, por ¢255 millones.
Igual que en el primer caso, luego de adquirido, la DIEE se dio cuenta de que el lote tenía en el centro una naciente intermitente (solo visible en invierno), cuyo radio de protección es de 50 metros a la redonda. También hay una naciente permanente en un terreno aledaño y una quebrada permanente que atraviesa la finca. Solo cerca de 20% de la propiedad es aprovechable.
En el caso del Liceo de Copey, van a construir en el pequeño espacio que les queda (cerca del 20% del terreno). Ese proyecto está en etapa de diseño.