Existe abundante evidencia internacional sobre el impacto negativo de su permisividad en clase. Es lo que ocurre actualmente en Costa Rica, pero ya no en 37 estados de Estados Unidos y cerca del 40% de los sistemas educativos alrededor del mundo. La lista la conforman, entre otros, los de España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. A ellos se agregó Corea a finales del pasado mes.
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La primera de las iniciativas a que nos referimos es un proyecto de ley presentado por la diputada independiente Cynthia Córdoba y que ingresó en el orden del día el 1.° de este mes. Su médula está contenida en el artículo 3, en estos términos: “Se prohíbe el uso de teléfonos celulares inteligentes y tabletas electrónicas personales en todos los centros educativos de primaria y secundaria en el país, tanto en el periodo de clases como en los tiempos de recreo”. Solo establece las siguientes excepciones: por peligro “o fuerza mayor”, necesidades de accesibilidad o para atender condiciones de salud.
La segunda iniciativa es del ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Aunque no ha dado a conocer el texto de la propuesta, de acuerdo con sus declaraciones, tiene carácter más acotado que la otra: se prohibirían solo los celulares y solo en las aulas durante el tiempo lectivo, no en los recesos. Además, podrían usarse en clases si el educador respectivo lo considera necesario por razones pedagógicas, una excepción indispensable. El cambio al REA depende ahora del Consejo Superior de Educación (CSE).
Ambas propuestas son altamente complementarias; también, bienvenidas. Por su mayor facilidad de aplicación, esperamos que la del ministro entre en vigencia al inicio del próximo curso, previa aprobación del CSE. La mayor dificultad que podría enfrentar, además de posibles disconformidades de algunos estudiantes y padres de familia, es la logística de aplicación. Será necesario, entre otras cosas, habilitar casilleros o algún otro procedimiento para que los estudiantes guarden sus dispositivos durante el tiempo lectivo. Esto implica disponer de recursos –siempre escasos– para hacerlo. De lo contrario, los docentes tendrían que dedicarse a controlar a cada alumno, una inconveniente distracción y potencial causante de roces.
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La experiencia de poner en marcha la prohibición por vía de reglamento serviría para perfeccionar el proyecto de la diputada Córdoba durante su avance por la corriente legislativa. Entre los aspectos por revisar, está si conviene realmente impedir el uso de tabletas digitales; además, es necesario permitir ambos tipos de dispositivos si se utilizan como herramientas en procesos de aprendizaje.
El ministro y el CSE, por su parte, deberían analizar si realmente conviene autorizar el uso de celulares durante los recreos. Creemos que no. La comunicación con padres y madres en esos periodos, algo a lo que se refirió el ministro, debería verse como algo excepcional y manejarse por mecanismos de la misma índole, debidamente controlados. Lo contrario debilitaría la medida general, además de limitar la interacción entre estudiantes, cada vez más reducida en la actualidad.
Las regulaciones restrictivas, sin embargo, deberían ir acompañadas de un verdadero impulso a los programas de informática educativa, gravemente debilitados durante la actual administración.
También es hora de introducir en los programas de estudio contenidos sobre el adecuado uso cotidiano de las plataformas digitales, redes sociales y la inteligencia artificial. Es algo que brilla por su ausencia, pero que cada vez resulta más necesario, como parte de un abordaje integral sobre los buenos y malos usos de la digitalización y conectividad.
Al menos, empecemos por eliminar la distracción de los celulares en las aulas.
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