Cuando se universaliza la tecnología digital en el mundo occidental, alrededor del año 2010, todos abrazamos con entusiasmo la nueva tecnología. A partir del 2015, la mayoría de los países de la OCDE incluyen competencias digitales dentro los planes de estudio. Entre 2010 y 2020, se avanza en forma sostenida en la digitalización escolar.
Si alguien, en los primeros años de la incorporación de estas tecnologías en el aprendizaje, hubiera tenido la brillante idea de evaluar el impacto de estas, pudo haber hecho este experimento: un número grande de estudiantes, una muestra enorme, sería evaluada antes de la incorporación y luego unos años más tarde, después de la incorporación, para medir cuál fue el impacto.
Afortunadamente, ese experimento ya no lo tenemos que hacer porque ya se hizo en todo el mundo: en la pandemia, rápidamente, pasamos de una educación con un componente digital parcial, a una educación exclusivamente virtual con uso de tecnologías digitales.
Los resultados del experimento ya están a la vista y existe consenso universal en que los efectos sobre el aprendizaje de esta educación fueron abrumadoramente negativos. La Unesco ha elaborado un informe al respecto: An Ed-Tech Tragedy? La publicación examina las consecuencias –no anticipadas, pero negativas– de la transición a la tecnología digital en la educación. Documenta cómo una mayoría de los estudiantes se rezagaron en destrezas académicas básicas, aun en aquellos lugares donde la tecnología digital era de punta y funcionó tal para lo que fue diseñada.
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Para abundar: una revisión de 103 estudios de 45 países documentó también el impacto negativo del aprendizaje virtual digital durante la pandemia, particularmente en Matemáticas, como se observó en todo el mundo y también en Costa Rica.
Las personas que se oponen a la prohibición del teléfono celular en las aulas a menudo argumentan que esta medida perjudicaría más a los estudiantes de bajos recursos y zonas rurales, para quienes el uso del celular es esencial para mantenerse informados y tener acceso a la educación.
Este argumento no se sostiene, entre otras razones, porque varios estudios demuestran lo contrario: los estudiantes que más se benefician de la prohibición son los de menos recursos y rendimiento académico más bajo.
Prueba con 17.000 estudiantes de secundaria
Una publicación muy reciente de economistas de las universidades de Pensilvania, en Estados Unidos; Nehru, en India, y Copenhagen, en Dinamarca, le ha puesto el último clavo al ataúd de ese argumento: casi 17.000 estudiantes de secundaria fueron divididos en dos grupos; un grupo siguió usando el teléfono durante el tiempo lectivo como lo venían haciendo habitualmente y al otro se le retiró el teléfono en el tiempo lectivo.
Entre los resultados más relevantes, se documentó lo siguiente: la prohibición produjo mejor rendimiento en los estudiantes sujetos a esta, pero especialmente entre los que tenían rendimiento más bajo. Los estudiantes expuestos a la prohibición la veían como una medida beneficiosa después de seis meses de puesta en práctica. Los docentes a cargo del grupo con teléfonos pasaban mucho tiempo poniendo orden e intentando derivar la atención hacia la materia, y los estudiantes sin teléfonos mostraron menos problemas de conducta en clase y menos conversaciones irrelevantes al estudio.
En mis conversaciones con diferentes grupos sobre las razones para sacar los teléfonos de las aulas, he encontrado que, con facilidad, la discusión se enreda por las siguientes confusiones:
- Se argumenta que los celulares pueden ser una herramienta para el aprendizaje y tener un impacto positivo. ¿Dónde y cuándo se ha documentado esto? En ningún lugar. Es solo una aspiración, una idea sin respaldo empírico alguno. Simultáneamente, se dice que en vez de prohibir los celulares en las clases, lo que hay que hacer es impulsar las competencias sobre el uso de medios digitales en los estudiantes, docentes y padres de familia. Sobre esto último, nadie está en desacuerdo. Lo que ocurre es que las corporaciones que dominan el mercado digital no tienen ningún interés en hacerlo; todo lo contrario: diseñan sus productos para que los jóvenes se peguen a ellos como hipnotizados porque de ello depende el negocio de las redes sociales, y el Estado no parece estar interesado en invertir en tecnología digital para la educación. Por el contrario, recordemos lo qué pasó con la Fundación Omar Dengo en esta administración (22.000 computadoras embodegadas desde el año 2023). En resumen, se argumenta que con una quimera vamos a resolver una tragedia.
- Los estudios que muestran algún beneficio de la tecnología digital en general son estudios en condiciones muy controladas: grupos pequeños utilizando tecnología digital diseñada para fomentar el aprendizaje, y docentes con competencias en docencia digital, es decir: condiciones óptimas. No tengo la menor duda de que esto es cierto. Pero este no es el punto en discusión. El problema es que los teléfonos en las escuelas y colegios se usan para navegar redes sociales, ver mensajes, observar videos irrelevantes al estudio y efectuar acoso digital, es decir, toda forma de distracción y secuestro de la atención de los estudiantes. Esto es lo que ocurre en la vida real.
Si los adultos entendemos y aceptamos el daño que producen las redes sociales y otras distracciones por medio de los teléfonos inteligentes, no dudaríamos de la bondad de sacar los teléfonos de las aulas. Imagínese el lector que estuviéramos hablando, por ejemplo, del uso de vapeadores con nicotina en los adolescentes y que este uso fuera tolerado en el tiempo lectivo. Estoy seguro de que habría un consenso universal en una ley para sacar los vapeadores de los centros educativos porque, de este modo, se reduce en una tercera parte la exposición a un tóxico, aun si se siguiera usando fuera del colegio. Los teléfonos inteligentes, por la forma en que son usados actualmente por los jóvenes en las aulas, son un tóxico para el aprendizaje y la salud mental. El problema es que no se ve así o no se quiere ver así por otros motivos.
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Luis Diego Herrera-Amighetti es psiquiatra, especialista en niños, adolescentes y salud pública, y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina.
