La huelga convocada por los sindicatos del sector público no guarda relación alguna con el aumento de impuestos. Es un movimiento de defensa de los privilegios obtenidos a lo largo de los años por una minoría alojada, especialmente, en las instituciones autónomas y empresas del Estado. Los empleados públicos son apenas el 15 % de la fuerza laboral y, de ellos, pocos disfrutan los excesos defendidos por los huelguistas.
El 85 % de la población, además de buena parte de los empleados del Gobierno Central, ni siquiera sueña con 20 años de cesantía, pago de prestaciones en caso de despido justificado, lujosas pensiones y exorbitantes anualidades, entre muchos otros beneficios. Sin embargo, el costo de los privilegios se carga en hombros de esa mayoría.
El 80 % de los ingresos frescos del plan fiscal saldrá del bolsillo del 20 % más adinerado de la población. Los demás ciudadanos proveerán el 20 %, pero saben que la huelga no es para protestar por esa afectación. Por un lado, el efecto de la reforma sobre la mayoría es modesto y, por otro, hay conciencia en amplios sectores de la importancia de sacar a flote al Estado, preservar su capacidad para asistir a los más necesitados y evitarles a estos últimos las severas consecuencias de una crisis.
La dirigencia sindical conoce la debilidad de sus reclamos particulares. Por eso intentó ampliar las bases de la protesta con el falaz argumento del rechazo a los impuestos, cuando es evidente la intención de malograr el capítulo del plan fiscal dedicado al ahorro. Los privilegiados saben que sus beneficios dependen de los impuestos.
La ciudadanía no cayó en la trampa y el movimiento quedó ayuno de apoyo popular. Por eso los manifestantes se hicieron sentir mediante el cierre de vías y otros actos de violencia contra la población cuyo apoyo no lograron conquistar con cantos de sirena. La brecha entre los huelguistas y la mayoría de la población se evidencia en el texto de una pancarta enarbolada por un guía turístico. El mensaje es contundente: “Señores huelguistas: ustedes tienen su salario asegurado, yo necesito trabajar y su bloqueo no me deja”.
El turismo es un excelente ejemplo de la creciente distancia entre los sindicatos del sector público y la gran mayoría de la población. Como fuente de empleo, la actividad turística ocupa, directa e indirectamente, a más del 20 % de la fuerza laboral, es decir, supera en mucho a la totalidad del sector público. Sin embargo, depende, por naturaleza, del libre desplazamiento de las personas. Comunidades como Monteverde, donde los visitantes constituyen la principal fuente de riqueza, sufren amargamente los ilícitos cierres de vías.
Desde el dueño del alojamiento, sea grande o pequeño, hasta el mesero dependiente de las propinas para alimentar a su familia, todos se ven afectados por los actos de violencia cometidos en puentes y carreteras. La ofensa es mayor cuando los responsables acompañan la agresión con carne asada e improvisadas coreografías de baile, como sucedió esta semana en el puente sobre el río Chirripó, para dar un solo ejemplo.
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Es evidente la brecha creada entre los manifestantes y la población afectada, cada vez más consciente del injusto precio de los privilegios concedidos a una parte del sector público. La distancia creció todavía más con el irrespeto a las fechas patrias y los discursos amenazantes. El desasosiego creado por el movimiento fue aprovechado por quienes estaban en espera de una oportunidad para el sabotaje y el vandalismo.
A estas alturas, independientemente de la forma en que termine el movimiento, cada vez más debilitado, los dirigentes saben que cometieron un grave error y deberán lidiar con las consecuencias a futuro. Vuelto el país a la normalidad, será fascinante escuchar sus explicaciones a las bases y los reclamos y señalamientos de culpa entre ellos.
