EscucharPoca duda cabe de que la reciente decisión de flexibilizar los trámites para agilizar la importación de productos agropecuarios estadounidenses –y el posible ingreso de más productos lácteos desde ese país al territorio nacional– es consecuencia directa de las discusiones surgidas a raíz de los aranceles impuestos por la administración Trump. Ya habíamos adelantado en un editorial anterior que, aunque rechazábamos la forma en que se violaron las disposiciones del acuerdo comercial (TLC) y las decisiones unilaterales y arbitrarias de ese país, veíamos con buenos ojos la revisión de las medidas identificadas por el gobierno norteamericano como barreras al comercio.
Las reacciones de los productores locales ante esta decisión del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no se han hecho esperar, con manifestaciones de “sorpresa, preocupación e indignación” por no haber sido informados ni consultados previamente. Si bien insistimos en la necesidad y conveniencia de que las autoridades nacionales gestionen esta negociación con extrema transparencia y mediante un diálogo permanente con todos los sectores interesados, lo cierto es que la medida no debería tomar por sorpresa a nadie. La lenta y gradual apertura del sector lácteo nacional tiene una larga historia que no debemos olvidar.
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Durante muchos años existieron “licencias” o “permisos” para importar, que en la práctica equivalían a una prohibición absoluta para el ingreso de productos lácteos al país. Fue a mediados de la última década del siglo pasado, con la aprobación de la ley de implementación de los acuerdos de la Ronda Uruguay, que se eliminaron dichas licencias y estas restricciones no arancelarias se transformaron en un alto arancel, mediante la metodología de la “arancelización de las barreras no arancelarias”, adoptada por todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) como una forma de transparentar el proteccionismo que antes se ocultaba tras esas licencias y permisos. Junto con la eliminación de las licencias y el arancel prohibitivo resultante de la arancelización (de hasta un 111,41% en el caso de los lácteos costarricenses), se establecieron pequeñas cuotas de importación a las que se aplicaba un arancel más bajo.
En los acuerdos bilaterales posteriores, el sector siempre recibió un trato preferencial mediante exclusiones, cuotas arancelarias pequeñas o plazos de desgravación extensos. En el TLC con Estados Unidos –negociado en 2004, aprobado mediante referéndum en 2007 y puesto en vigor en 2009–, el trato fue similar: se acordó un proceso de desgravación lento y gradual, que empezó con una tasa del 66% y culminaría con la eliminación del arancel a partir de 2025. Cabe recordar que la negociación del TLC se realizó de la mano de los sectores productivos, incluido el lácteo, y contó con el beneplácito del entonces ministro de Agricultura, Rodolfo Coto (ya fallecido), quien era productor lechero y estaba fuertemente vinculado con el gremio.
Por tanto, si algo ha habido es tiempo suficiente para prepararse para esta apertura, y era de esperar que, así como se ha dado un aumento significativo de nuestras exportaciones de muchos productos a Estados Unidos, también se incrementaría el ingreso de algunos productos estadounidenses al territorio nacional, y que el país no recurriría a barreras no arancelarias –como el atraso innecesario en la aprobación de plantas de productos lácteos norteamericanos– para dificultar o impedir las importaciones desde el norte.
En este contexto, el reclamo del gobierno de Estados Unidos tiene fundamento, así como su discusión en el marco de las actuales tratativas para ajustar las condiciones de nuestra relación comercial, especialmente si dicha discusión nos conduce a restablecer el trato de libre comercio que por derecho corresponde a las exportaciones nacionales en virtud del TLC vigente.
Lo que sí llama la atención es la arriesgada estrategia negociadora del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), al aceptar que el gobierno costarricense otorgue prematuramente concesiones tan importantes como esta, sin que aún haya certeza sobre lo que Estados Unidos está dispuesto a conceder en materia arancelaria. Lo esperable era que la revisión de esta medida se realizara como parte de un paquete completo de negociación, para mantener así el equilibrio de las concesiones recíprocas que ambas partes se otorgarían en el eventual acuerdo final. Ojalá que el epílogo de todo esto no termine solo en atolillo con el dedo.
