Editorial

Editorial: A la zaga del virus

Ómicron tuvo tiempo de dominar el mundo mientras la judicatura nacional decide si mantiene su ‘provisionalísima’ medida cautelar sobre el código QR

El mundo se resigna a vivir con la covid-19 y redobla la apuesta por la vacunación como medio para facilitar la coexistencia. En consecuencia, un creciente número de países no se conforman con la emisión de pases de vacunación, exigidos para ingresar a sitios públicos cerrados, sino que empiezan a fijarles fecha de expiración.

La variante ómicron se ha mostrado capaz de volver a infectar a quienes padecieron la enfermedad y de burlar los esquemas de vacunación hasta hace poco considerados suficientes. Tras el vencimiento de los vigentes, los nuevos pases serán emitidos a favor de quien demuestre la aplicación de la dosis de refuerzo.

La Unión Europea anunció que a partir de febrero los certificados tendrán nueve meses de vigor y los refuerzos serán obligatorios para viajar entre varios países del continente. Corea del Sur, una de las naciones más exitosas en la lucha contra la pandemia desde el principio, anunció la expiración de los pases seis meses después de cumplido el esquema inicial de vacunación, salvo la aplicación del refuerzo. Las multas y otras medidas administrativas por inobservancia serán impuestas a partir del 10 de enero. Los castigos por burlar la ley se impondrán tanto al individuo como al establecimiento.

Algunas naciones europeas se adelantaron a la Unión y en diversas partes del mundo las reglas varían. En Israel, el pase vale por seis meses y no puede ser utilizado por quien solo ha recibido una vacuna. En Nueva Zelanda, es de seis meses y la renovación depende del refuerzo. En algún momento no muy lejano habrá acuerdos internacionales para uniformar criterios y requisitos. La rápida adopción del sistema de pases o pasaportes covid, junto con la necesidad de mantener la movilidad y las actividades económicas dependientes de ella, impondrán los acuerdos como una necesidad insoslayable.

Mientras tanto, en Costa Rica, el Tribunal Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea mantiene en pie una medida cautelar “provisionalísima” que suspendió la obligatoriedad del código QR para ingresar a establecimientos públicos como restaurantes, teatros y bares. La parsimonia judicial contrasta con la acelerada propagación de la última variante del virus.

El 13 de noviembre, cuando el juez acogió la solicitud de la medida cautelar “provisionalísima”, el mundo no tenía noticia de ómicron, ahora dominante en buena parte del planeta. Sudáfrica anunció la aparición de la nueva variante a finales de ese mes y estudios posteriores dan cuenta de su presencia en los Países Bajos entre el 19 y el 23 de noviembre, antes del anuncio sudafricano, pero una semana después de la medida “provisionalísima” de los tribunales costarricenses.

Ómicron tuvo tiempo de dominar el mundo y buena parte del planeta modificó la vigencia de los pases de vacunación mientras la judicatura nacional decide si mantiene su “provisionalísimo” dictado. Pero el rezago no puede ser atribuido únicamente al Poder Judicial. En lo administrativo, el Ministerio de Salud tampoco se ha mostrado capaz de administrar el sistema con eficacia.

La exigencia del código QR solo es posible si quienes cumplen los requisitos tienen acceso al pase, sobre todo si las autoridades apelan a un sistema voluntario mientras los jueces deciden sobre la “provisionalísima” medida. Cuando se produjo la resolución judicial, el Ministerio informó: “La medida cautelar se circunscribe a la suspensión del código QR como mecanismo obligatorio de ingreso a establecimientos” y “no afecta el trámite de solicitudes de dicho certificado por parte de las personas —en ejercicio de su derecho constitucional de petición—, ni la emisión de estos”. No obstante, hay solicitudes insatisfechas planteadas desde el 1.° de noviembre, cuando se cambió el sistema con el propósito de agilizarlo, y aun antes. Periódicamente, las autoridades anuncian una nueva fecha para ponerse al día, pero los resultados ponen en duda la capacidad del Estado para administrar con eficiencia un sistema de pases. En las circunstancias, eso es muy grave.