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El martes 24 de febrero, trascendió una noticia esperanzadora sobre un proyecto que podría ayudar a poner orden en las calles. Se trata de una iniciativa para colocar más de 600 cámaras de control vial en las carreteras con mayor índice de accidentes, a fin de imponer multas con apoyo de la inteligencia artificial (IA) a los conductores que infrinjan la ley de tránsito.
Este no es un mecanismo nuevo. Ya se aplica en países como México y Estados Unidos, pero en Costa Rica no ha sido posible pese al intento hecho en 2011. La ley ya fue corregida para que las multas se puedan imponer sobre las placas y, en los últimos 15 años, la tecnología ha avanzado, por lo que se abre una nueva oportunidad.
Ante las restricciones económicas del gobierno para contratar más personal, este podría ser un recurso importante.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) del MOPT acaba de recibir el visto bueno de la Contraloría General de la República para crear el fideicomiso que administrará los recursos destinados al análisis del proyecto, el cual se tramita mediante una iniciativa privada.
El consorcio alemán Jenoptik GDP propuso desarrollar este plan mediante una concesión estatal. Si los estudios económicos y técnicos salen bien, el MOPT sacaría a concurso un contrato para que una empresa se encargue de financiar, desarrollar y operar por 25 años el sistema, el cual sería sufragado mediante el propio dinero que generen las multas de tránsito.
Ya es hora de dar paso a la modernidad, pero, sobre todo, a tomar en serio la seguridad vial. Sancionar el irrespeto a la señalización vial y al exceso de velocidad ya es un paso gigantesco.
En Costa Rica, los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte, además de que generan numerosas lesiones, daños materiales y abusos en general. El año pasado, fallecieron 550 personas en las vías y, en lo que va de 2026, ha muerto un centenar.
Es imposible que la Policía de Tránsito vigile 35.000 kilómetros de carreteras con menos de 700 oficiales. Se necesitarían 3.500 policías para que cada uno cuide un rango de 10 kilómetros, y la situación fiscal no lo permite.
¿Habrá reticencia a la vigilancia tecnológica?, sin duda. Ojalá pudiese haber un plan piloto que empiece con multas bajas, para que todos empecemos a tomar nota de nuestras irresponsabilidades viales y dimensionemos el efecto cuando se apliquen las sanciones reales. Manejar no es un juego.
