Lo turbio parece ser la regla. Turbia es la hoja de ruta de Educación (porque no va a ningún lado), opaca es la del arroz (nada que baja el precio), gris es la de las medicinas (tampoco se abaratan), nebulosa es la ruta contra la inseguridad (la debió promover el presidente legislativo) y oscura es la ruta para reducir el gasto público.
Todas estas y otras hojas son papel y verborrea, pero la última es cantinflesca. A casi un año de haber asumido el mando, el gobierno no da señal de la prometida austeridad y, más bien, socava lo poco que lograron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal), la regla fiscal y las expectativas en la ley de empleo público.
Si por algo las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s mejoraron, levemente, la calificación de riesgo a Costa Rica fue por el tope al gasto público impuesto por esas legislaciones, y porque, con base en ellas, el Fondo Monetario Internacional determinó que el gobierno cumple metas de equilibrio fiscal. Moody’s, empero, advirtió que es necesario mantener un “significativo ajuste fiscal”.
Sin embargo, el torpedeo contra las normas de austeridad es cosa diaria. El Ejecutivo quiere reformar la regla fiscal para destinar más dinero a gasto corriente, dígase salarios, transferencias y servicios.
Lo mismo pretende con la reforma del empleo público. De “adefesio” la calificó el presidente Rodrigo Chaves, pero ese adjetivo queda corto para definir el reglamento que emitió su gobierno. La escala salarial propuesta por el Ministerio de Planificación para los nuevos funcionarios se hizo a la carrera y por ello el monto de las remuneraciones quedó lejos de la realidad. Salta entonces a la vista una intención de desacreditar la ley con el fin de provocar una reforma que la haga laxa. La ley sí es susceptible de mejoras, pero para sancionar a quienes la evadan, no para abrir la billetera.
El presidente y su gabinete deben sincerarse. Si quieren poner fin a reglas de austeridad para ganar votos en las elecciones municipales y nacionales, que se quiten la máscara de una vez. Pero, deben tener claro que actuar día a día con ambigüedades, cuando faltan tres años de mandato, viola la cacareada transparencia.
Con tanto mensaje contradictorio, también resulta esencial que el presidente y sus ministros cumplan lo prometido por el mandatario el 8 de mayo al tomar el poder: “No solo vamos a ordenar la casa. La vamos a reconstruir”. Ojalá fuera así, pero las turbias rutas propuestas impiden ver el alcance de este objetivo.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.

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