El Gobierno de la República buscará que los diputados dispensen de todo trámite legislativo el proyecto de ley sobre la regla fiscal que fue cuestionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La solicitud de vía rápida fue anunciada por el presidente Rodrigo Chaves Robles durante la conferencia de prensa de este miércoles 15 de febrero.
El proyecto, que se tramita bajo el expediente legislativo 23.330, propone excluir de la regla fiscal a instituciones públicas que tienen ingresos propios y a los entes públicos no estatales, pero, a la vez, excluiría el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública.
Este último cambio permitiría al Gobierno incrementar dedicado a salarios, transferencias y servicios, lo que se conoce como gasto corriente.
La iniciativa fue cuestionada por el FMI, que consideró que la propuesta socavaría la credibilidad de la regla fiscal en el esfuerzo por contener la deuda y el gasto. En un informe técnico emitido en enero, el Fondo criticó la exclusión del gasto de capital y los intereses.
La regla fiscal es un mecanismo establecido legalmente que le pone un techo al crecimiento del gasto público cada año, de acuerdo con el nivel de la deuda y el ritmo de crecimiento de la economía.
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La dispensa de trámite permite que un proyecto de ley no pase por estudio de una comisión dictaminadora, sino que se tramita directamente en el plenario de la Asamblea Legislativa.
La ministra de la presidencia, Natalia Díaz Quintana, explicó que desean “hacer una reforma integral que incluya entes públicos no estatales, donaciones, sentencias judiciales y demás”.
“Queremos lograr un acuerdo para dispensa de trámite de un proyecto en el que todos los diputados estén de acuerdo, para agilizar, y evitar que sea instituciones específicas las que se salgan una a una”, dijo.
Díaz hizo alusión en sus declaraciones al resello aprobado por los diputados de la República el pasado lunes 13 de febrero, con el cual eximieron de la norma fiscal a la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), iniciativa que el presidente Chaves había vetado en mayo del 2022.
El de anteayer fue el tercer resello en lo que va de la legislatura 2022-2026.
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Tanto Chaves como el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, coincidieron en que están de acuerdo con la exclusión de Procomer de la regla fiscal. Sin embargo, consideran inadecuado que se eximan a instituciones de manera individual por medio de lobby legislativo.
“No consideramos razonable que saquemos a Procomer, pero dejemos a los colegios profesionales. No consideramos que sea razonable dejar incluido al Icafé, que cumple una función importante y que son entidades que no tienen un impacto desde el punto de vista fiscal. Mal hacemos con sacarlas de manera individual porque no solo significa un trabajo para la Asamblea sino también un lobby, que tiene implicaciones prácticas”, aseguró Acosta.
Mandatario y ministro concordaron en que la reforma “debe ser integral, y no para algunos. Parejo para todos”.
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En cuanto al gasto de capital e intereses de la deuda, si el proyecto que impulsa el Ejecutivo hubiese sido aprobado para este año, el gasto corriente del Gobierno Central habría podido crecer en casi ¢140.000 millones.
El informe del FMI dijo al respecto. “Los gastos cubiertos por la regla fiscal deben seguir siendo amplios. Elementos clave como los gastos de capital y el gasto por intereses no deben excluirse de la regla”.
La iniciativa del Gobierno contempla sacar de la regla fiscal a entidades autónomas fuera del régimen de competencia, de modo que no tengan que cumplir con la restricción al gasto.
Esto incluye a instituciones como la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Consejo Nacional de Producción (CNP) o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Al respecto, el equipo técnico del FMI señaló que todas las instituciones públicas bajo control del Gobierno, así como las empresas estatales que no estén en competencia, deberían estar sujetas a la regla.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se sumó a lo dicho por el FMI, e instó a respetar la regla fiscal, la cual considera clave en el “éxito” fiscal de Costa Rica.
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La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, reconoció a La Nación que ella externó al ministro Acosta y la ministra Díaz su inquietud por las observaciones del FMI y la OCDE.
“Hay puntos en los que hay acuerdo de la mayoría de las fracciones, en esos temas podemos avanzar, y luego ver en lo que hay observaciones del FMI. No vamos a definir nada hasta que tengamos dos audiencias: una con la contralora general de la República y otra es una mesa de trabajo con el Fondo para tener claras las evaluaciones que hicieron al texto del Gobierno”, explicó la legisladora.
Esta iniciativa de ley vence el 28 de marzo de 2023, aclaró.
“El texto original tiene observaciones muy serias por parte del Fondo, y daría una muy mala señal internacional, sobre todo en la situación fiscal en la que nos encontramos. No podemos ser tan irresponsables de flexibilizar la regla en temas como intereses o gasto de capital. Hay que cuidar la imagen, va a recaer en nosotros hacerlo, vea que no lo hicieron en el tema con la Unión Europea”, concluyó Ramírez.
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