El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que el proyecto del Gobierno para flexibilizar la regla fiscal podría socavar la credibilidad en esta norma legal que procura contener la deuda y el gasto públicos.
En un informe técnico emitido en este mes de enero, el FMI criticó dos de los principales componentes del plan del Poder Ejecutivo: excluir de la regla el gasto de capital (obras y equipamiento) y el pago de intereses de la deuda pública.
Si el proyecto hubiese aprobado para este año, el gasto corriente del Gobierno Central habría podido crecer en casi ¢140.000 millones. Esto se debe a que, al liberar de la regla el gasto en obras y en intereses, queda más espacio para que aumente el gasto en sueldos, transferencias y servicios.
No obstante, el informe del Fondo se opone a esa modificación. “Los gastos cubiertos por la regla fiscal deben seguir siendo amplios. Elementos clave como los gastos de capital y el gasto por intereses no deben excluirse de la regla”, dice el informe.
Asimismo, el Fondo apuntó que “la enmienda propuesta para excluir el gasto de capital, cuando los niveles de deuda son altos, debilitarán el vínculo entre la regla fiscal y la dinámica de la deuda pública; pueden crear incentivos para una contabilidad creativa y, en última instancia, socavar la credibilidad de la regla fiscal”.
Por “contabilidad creativa”, el FMI se refiere a la posibilidad de registrar gasto corriente (salarios y transferencias) bajo el término de gasto de capital.
El equipo del FMI resaltó la efectividad que ha tenido la regla para contener el gasto público de Costa Rica y propiciar una mayor disciplina fiscal. Calificó el instrumento de sencillo, transparente e, incluso, flexible para momentos de crisis.
Un tercer elemento de la reforma del Gobierno contempla sacar de la regla fiscal a entidades autónomas fuera del régimen de competencia y a entes públicos no estatales, de modo que no tengan que cumplir con la restricción al gasto.
Esto contempla a entidades como la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Consejo Nacional de Producción (CNP) o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como a colegios profesionales y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), por ejemplo.
Al respecto, el equipo técnico del FMI señaló que todas las instituciones públicas bajo control del Gobierno, así como las empresas estatales que no estén en competencia, deberían estar sujetas a la regla.
Incluso, recomendó monitorear la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los gobiernos locales con parámetros enfocados en el riesgo. Actualmente, estas instituciones están excluidas por ley. “Con el tiempo, la Asamblea Legislativa debería considerar incluir estas entidades en la regla fiscal”.
El Fondo agregó que el Ministerio de Hacienda debe desarrollar “criterios objetivos y verificables” para establecer las entidades que deben excluirse. En ese sentido, los especialistas pidieron reformar el proyecto de ley para incorporar dichos parámetros.
La regla es un mecanismo, creada por ley en 2018, que fija un tope al crecimiento del gasto público de acuerdo con dos factores: el tamaño de la deuda pública y el ritmo de la economía nacional.
Este techo es más estricto conforme más alto sea el endeudamiento y menos dinámica sea la economía. Esto ocurre con el objetivo de evitar que un agravamiento de las finanzas públicas empeore la situación del país.
No obstante, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó, en setiembre anterior, un proyecto de ley para sacar de esta norma componentes del gasto público, lo que flexibilizaría la aplicación de la regla fiscal.
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En octubre anterior, el Poder Ejecutivo había frenado el avance de esta reforma en la Asamblea Legislativa, debido a que la misión del FMI ofreció ayuda técnica para analizar posibles ajustes a la regla fiscal.
El equipo técnico también analizó y descartó otras propuestas en la corriente legislativa dirigidas a modificar los alcances de esta norma.
Gobierno insistirá con reforma
Este martes, luego de informar sobre el criterio del organismo internacional ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que el Gobierno seguirá impulsando su propuesta.
“Desde el punto de vista práctico hay que entender algo: las observaciones del FMI son para tomarlas en consideración; las decisiones corresponden a la Asamblea Legislativa”, dijo Acosta.
Agregó: “Estaríamos conversando con ellos sobre cuáles son las valoraciones que hacemos nosotros como Estado, las valoraciones que hacen ellos como diputados, y ellos estarán tomando decisiones”.
Durante su audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta les dijo a los diputados que el Gobierno sigue creyendo en la necesidad de excluir ambos elementos de la regla fiscal.
“En relación con el gasto de capital, nosotros creemos que hay riesgos, pero que en el entorno en el que estamos necesitamos hacer inversión y por eso estamos promoviendo sacarlo”, dijo.
Enseguida apuntó: “Eso no opta para que los diputados tomen una decisión al respecto. Sin embargo, la propuesta del Gobierno va en esa dirección”.
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