Cuando Pilar Cisneros se retiró de la televisión, dedicó sus años de jubilación a alimentar un fuerte resentimiento contra los dos medios en los que había trabajado, La Nación y Canal 7. Con el tiempo, se cruzó con un economista, pensionado juvenil de lujo internacional, quien, a su vez, se asoció con publicistas afines al populismo. Los resultados sociales y económicos son evidentes.
Sin embargo, el mayor “atributo” de Cisneros no es su paciencia, sino su habilidad para quebrantar principios fundamentales, ejercidos en el periodismo y con mucha más razón cuando se ocupa una curul.
Doble Check, de la Universidad de Costa Rica (UCR), acaba de revelar, por ejemplo, la pericia de la legisladora para “tergiversar encuestas”. En un análisis manipulado, presentado el 18 de octubre ante el plenario, Cisneros “atribuyó falsedades” a la encuesta publicada recientemente por la UCR.
“Pilar Cisneros también incluyó interpretaciones erróneas sobre ese estudio. Doble Check halló que la diputada cambió preguntas de la investigación y las respuestas que dio la muestra consultada. Esos cambios resultaron en una imagen forzada de las opiniones que tiene la población sobre la prensa nacional según la encuesta”, dice el trabajo de verificación hecho por Doble Check y respaldado por los investigadores.
Pilar Cisneros también parece ignorar el principio de anualidad. El 24 de octubre, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, estaban discutiendo la cuarta modificación de la Ley 10331, del presupuesto ordinario y extraordinario del 2023, donde participó la contralora, Marta Acosta.
La parlamentaria preguntó a Acosta si el 98 % de lo presupuestado para pagar los intereses de la deuda contemplaba los ¢57.000 millones aprobados por los diputados para financiar, entre otros, el combate contra el crimen organizado, a lo cual la bancada oficialista se opuso.
El diputado Gilbert Jiménez le recordó que el 98 % corresponde al 2023 “y no tiene nada que ver con la partida del 2024″.
En la misma sesión, dejó ver su laxitud ante los procedimientos de contratación administrativa. En defensa del proyecto para Ciudad Gobierno, aseveró que el plan presentado por la administración Chaves “sale más barato”.
La presidenta de la Comisión, Paulina Ramírez, le señaló que la Contraloría no solo debe velar por la Hacienda en aspectos cuantitativos, sino también por el cumplimiento de la legislación y el respeto de los procedimientos de contratación administrativa (en otras palabras, luchar contra la corrupción); además, agregó Ramírez, no es cierto que resulte más económico para el erario.
La Contraloría objeta el plan porque el Estado no puede ser arrendatario de terrenos de su propiedad y la obra tampoco puede desarrollarse sin concurso público, como el Ejecutivo desea proceder con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), viejo conocido en este tipo de arterías.
Pilar Cisneros, extrañamente, olvidó también el principio de protección de la fuente. En la misma sesión del 24 de octubre y también en referencia al proyecto para construir la Ciudad Gobierno, pretendió que la contralora revelara el nombre del denunciante. “La Ley General de Control Interno nos obliga a guardar la confidencialidad”, tuvo que aclararle Marta Acosta.
Pilar Cisneros borró de su memoria, asimismo, dos principios fundamentales del correcto ejercicio de todo profesional: el de Peter (en su caso, un buen periodista no siempre es un buen diputado) y uno que Iñaki Gabilondo presenta en su libro El fin de una época: el pecado de no conformarse con el poder que otorga la profesión y tratar de ser mucho más que un periodista.
Afortunadamente, existe un principio insoslayable: la prensa independiente está para obligar a los políticos a encarar sus responsabilidades cuando, como al cómico Jimmy Fallon en los Globos de Oro del 2017, les falle el teleprónter, nadie ría sus chistes y deban improvisar salidas dramáticas porque otros les escriben los guiones.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.