EscucharCon moderado optimismo recibí la publicación de La Nación (12/8/2020) titulada “Gobierno estudia propuesta para liberalizar el precio del arroz”, correspondiente a declaraciones de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en un seminario reciente.
Lo veo con cautela por tres razones. Primera, anuncia solo la liberalización del precio, no la eliminación de los aranceles proteccionistas, instrumento responsable de la mayor parte de los sobreprecios del arroz para consumo interno.
Si fuera solo la liberalización del precio para permitir una competencia mínima entre los detallistas o productores, sería irrelevante, pues conocemos bien su poder oligopólico y su capacidad para hacer cumplir las líneas de acción, incluida la adhesión a los precios de cartel.
La segunda es la duda sobre si esta es una decisión seria del gobierno o una declaración no consensuada. El ministro de Hacienda no estaba enterado, aunque, según la ministra, fue discutida en el Consejo Económico y Elian Villegas está allí.
Tercera, los arroceros ya sonaron sus tambores (La Nación, 14/8/2020) para evitar la alteración de sus privilegios.
Este grupo tiene mucha influencia a todo nivel, pero especialmente en el político. La forma como sortean los pocos intentos de liberalización desde el 2002 lo demuestra.
Ni siquiera pudo permitirse regalos promocionales en supermercados para estimular las compras. Las autoridades cedieron, en vez de promover los cambios legales necesarios.
Privilegio legal. La simple creación de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) en el 2002, contra la oposición generalizada de múltiples actores, incluida la propia Oficina del Arroz, nos dice hasta dónde llega su capacidad de cabildeo.
Su ley de creación otorgó generosas concesiones al sector, como aportar el cálculo de los precios de cada etapa e impedir todo grado de competencia; les concedió una generosa protección arancelaria y les entregó, vergonzosamente, el monopolio de importación del grano, sin pagar aranceles, dejando a su discreción determinar esa necesidad.
Las importaciones andan alrededor del 50 % de la demanda nacional. Además, existe toda una gama de barreras no arancelarias para evitar que otros lo importen, aunque sea pagando el arancel.
Como la ley les otorga graciosamente la posibilidad de vender el arroz importado a los consumidores a precios como si hubiesen pagado los impuestos, los arroceros se quedan con abultadas ganancias.
En un estudio del 2014, Bernal Jiménez Chavarría estimó el monto de los subsidios pagados por los consumidores a los productores, solo por este concepto, en $130,8 millones anuales.
La repartición no es equitativa entre los productores: “Estos $130,8 millones se reparten entre los agroindustriales según el porcentaje de ventas que cada uno realiza (6 empresas se dejan el 90,1 %)”. En otras palabras, solo el “menudillo” va para el resto de los productores.
Desigualdad real. Cada uno de los grandes agroindustriales recibe la bicoca de $53.813 diarios ($19,6 millones al año). Los pequeños productores reciben, entre todos, tan solo $2,2 millones, apenas $16 al día para cada uno ($5.840 al año). Esto no soluciona ningún problema.
Veinte años después, los objetivos enunciados en la Ley de Creación de la Corporación Arrocera para estimular la producción local están lejos de cumplirse.
La productividad sigue en caída y abre cada día más la brecha de competitividad con otros países. El número de productores de arroz y el área de siembra disminuyó sustancialmente. Todo lo contrario a los objetivos propuestos.
Persiste un grupo grande de pequeños productores sin posibilidades de competir con los precios internacionales, pero eso cae al pelo a los grandes arroceros para justificar la protección. Como estrategia, los están preparando para lanzarlos a la guerra.
Este sector siempre ha superado, sin problemas, las esporádicas y efímeras propuestas para reducir su poder de mercado. Convencieron a las autoridades de dejar la fijación de precios totalmente en sus manos.
Quienes lo componen consiguieron un trato privilegiado en la desgravación del arroz en el TLC, la cual se fijó a plazos larguísimos y exagerada gradualidad. Aparentemente, sus influencias fueron factor fundamental para evitar la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.
Por alguna razón no impidieron la incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo es su piedra en el zapato, demostrado en los cuatro informes elaborados hasta ahora, llamando la atención de la necesidad urgente de eliminar las prácticas monopólicas en los mercados de arroz, azúcar, carne, café, lácteos y otros, y pone en evidencia la injusticia contra los consumidores, especialmente los más pobres.
El generoso subsidio de los consumidores a los grandes productores explica, en buena medida, la pésima distribución del ingreso del país (coeficiente de Gini de 0,52, uno de los más altos del mundo).
Peso grande sobre los pobres. El último informe de la OCDE es tajante: las regulaciones actuales de este grano “implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más pobres representa el 8 % de sus ingresos”.
Solo como punto de referencia, por concepto de cargas sociales al trabajador se le rebaja alrededor del 9 % de su salario. Si el mercado del arroz fuera libre, prácticamente sería como eximirlos de pagar su contribución al seguro social.
El 70 % de la población consume arroz todos los días, y es el principal artículo en la canasta básica alimentaria de la población de bajos ingresos.
Ese regalo obligado de los consumidores a los productores ocurre por el precio exagerado del kilo del grano, el nivel más alto de Latinoamérica, y es producto de la protección.
Mientras aquí un kilo de arroz cuesta $1,44, en el resto de Centroamérica vale alrededor de $1,04. En Brasil, $1,01. Un sobreprecio de más del 40 %.
Mantener los precios altos favorece solo a 19 grandes empresarios, proveedores de más de la mitad de la producción.
Como son más eficientes, se benefician de las ganancias por la industrialización con precios fijados para el agricultor (monopsonio, pagan un precio menor) y se quedan con la mayor parte de las utilidades derivadas de la importación. Sus ganancias son astronómicas.
Suponiendo el sincero propósito del gobierno para liberalizar el mercado (no solo el precio), la pregunta es si contará con el respaldo suficiente para soportar el embate de intereses tan poderosos. Los costarricenses debemos actuar al unísono para terminar estos abusos.
El autor es economista.
