Mal cálculo opositor

Confiaban, además, en que la Sala IV, consultada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la constitucionalidad del proyecto, se lo traería al suelo. Es decir, estaban también conscientes de los roces de la propuesta con la carta fundamental y la jurisprudencia vigente.

Votarían por temor, y eso suscita un primer reproche. Se les eligió para defender lo correcto, cada cual desde su perspectiva ideológica, no para trasladar esa obligación a otras instituciones y menos para votar contra sus convicciones y los intereses del Estado, aun confiados en el eventual fracaso de la iniciativa.

Si ese cálculo fuera errado, cometerían un grave error político. En primer término, darían implícita anuencia al discurso sobre la inutilidad de la Asamblea Legislativa. Enviar el proyecto a referéndum es admitir la imposibilidad de resolver la discusión en el Congreso, cuando la aprobación o rechazo de iniciativas similares es perfectamente normal en el quehacer legislativo.

Además, una convocatoria a referéndum, no importa cuán limitados sus alcances, daría al oficialismo la oportunidad de iniciar la campaña política por adelantado y desde el poder, con posibilidad de probar voceros (precandidatos), hacer transferencia, en la medida de lo posible, del liderazgo personalista del presidente y desarrollar organización territorial.

Para sus proponentes, no sería necesario exaltar las virtudes del proyecto ni lograr su aprobación. Bastaría con tener un aparente motivo para “denunciar” a las instituciones y personas “responsables” de impedir el desarrollo y, por ende, “culpables” de los fracasos de las políticas gubernamentales.

Todo por temor a una influencia sobre la población que no ha sido demostrada. Sí, las encuestas apuntan a un apoyo mayoritario al gobierno, pero en ningún momento se ha transformado en poder de convocatoria, salvo para quienes confunden las redes sociales con la realidad.

agonzalez@nacion.com

Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.