Miguel Sobrado. 14 febrero

El desarrollo costarricense, aunque exitoso en términos económicos, ha tenido un costo social y político creciente. Mientras el 22 % de la población ha visto sus ingresos incrementarse, el 78 % los ha visto estancarse o reducirse. No se han puesto en práctica políticas económicas y sociales para estimular las iniciativas y el desarrollo del llamado “sector tradicional de la economía” para promover sus capacidades e inserción pujante a la economía nacional.

Hemos dado ventajas a la inversión extranjera, y eso está bien, pero tales ventajas deben ir acompañadas de estímulo a los encadenamientos con la economía nacional, como Israel, que demanda se compre un porcentaje de insumos y servicios nacionales en un plazo razonable.

Los nuevos tiempos obligan a una adecuación de las políticas económicas y sociales del Estado a las necesidades del desarrollo

Las políticas sociales, más allá de las asistenciales, cuyo fin es mitigar la pobreza, no han estado dirigidas a fortalecer la autonomía organizativa y creatividad de las poblaciones excluidas. Por el contrario, se ha potenciado el tutelaje político y la manipulación con el uso de recursos públicos de las instituciones “promotoras”, generando corrupción y castración en las organizaciones populares.

Mientras tanto, la exclusión social y la falta de oportunidades han generado desempleo, pobreza y falta de perspectivas. Como menos de la mitad de la población adquiere el grado de bachiller, y en las zonas costero-fronterizas este porcentaje se eleva considerablemente, las oportunidades de conseguir un ingreso digno se difuminan.

Fracaso del INA, éxito de los evangélicos. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), llamado a crear oportunidades para todos, establece requisitos de ingreso y barreras a gran parte de la población excluida, y la deja fuera de la economía moderna. Al mismo tiempo, tampoco moderniza su oferta.

Paralelamente, crece la delincuencia organizada, impulsada por la corrupción y el poder económico creciente del narcotráfico. Se disparan los delitos económicos y aumentan los asesinatos por rivalidades entre bandas por controlar el mercado de las drogas. Se erosiona y corrompe el tejido social en un ambiente que estimula el consumo galopante, pero no proporciona oportunidades legítimas para obtener ingresos dignos, y crece la desesperanza, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar, frente a la cual ni el Estado ni las instituciones tradicionales han desarrollado mecanismos eficaces.

En este contexto, han surgido las Iglesias evangélicas ofreciendo sanaciones o dinámicas de grupo, y logran contrarrestar, en algunos casos, el avance del alcoholismo y las drogas ofreciendo de esta manera, al menos, un sendero de esperanza en el ámbito familiar.

Estas Iglesias han venido llenando el espacio que las instituciones públicas, anquilosadas por rígidas estructuras centralizadas, pesadas, ineficientes y cautivas del clientelismo político no han podido para la organización y desarrollo del potencial de la gente organizada.

Readecuación. Los nuevos tiempos obligan a una adecuación de las políticas económicas y sociales del Estado a las necesidades del desarrollo. Anteriormente, mencioné el ejemplo de Israel para las políticas económicas, pero es indispensable ajustar, al mismo tiempo, las políticas sociales, no para crear más burocracia y clientelismo, sino para estimular las iniciativas y participación de las comunidades, que deben convertirse en actores de la política social. Pero esto no será fácil porque choca con las estructuras de poder existentes.

No obstante, la realidad ha empezado a manifestar con crudeza sus necesidades y los resultados electorales han sido un campanazo, que si bien ha dejado a muchos aturdidos, debe llamar la atención sobre la importancia de la organización autónoma; de como la comunidad, con buenas políticas, es capaz de sacar adelante la tarea sin necesidad de comisarios políticos, ni intervencionismo burocrático.

Las experiencias nacionales e internacionales existen, pero han sido ignoradas a propósito por las redes de poder. Un caso en nuestro país fue el Hospital sin Paredes, impulsado por el doctor Ortiz Guier, en la década de los setenta y ochenta, en cinco cantones de la Meseta Central.

Con las comunidades organizadas, creó 160 puestos de salud sin necesidad de recursos institucionales extra. Se trajo abajo las altas tasas de mortalidad materno-infantil, recibió premios internacionales y nacionales, incluso el de benemérito de la patria, y su trabajo sirvió de modelo para la reforma del sector salud en los 90.

Solo que esta reforma dejó con los Ebáis, en la práctica, por fuera la participación de la comunidad y creó una estructura institucional costosa y pesada. Algo similar sucedió a las cooperativas agrícolas de autogestión organizadas por campesinos sin tierra y obreros agrícolas desplazados por las bananeras a principios de los 70. Surgieron, contra todos los pronósticos, gracias a su lucha por la autonomía obteniendo resultados económicos y sociales destacados, no solo en Costa Rica, sino también en Honduras, donde se montaron más de 1.000 empresas asociativas.

Capacitación masiva. Estas experiencias fueron sistematizadas por Clodomir Santos de Morais como metodología de capacitación masiva, aplicada exitosamente en tres continentes, y aunque posteriormente algunas de estas experiencias fueron sometidas a relaciones castrantes por el clientelismo, el camino fue trazado y debe ser recuperado como base de una nueva política social dirigida a activar las reservas humanas de la población hoy marginada o excluida.

Esto implica una visión diferente y renovadora de la política social y económica, demanda cambios institucionales profundos y sacar del estado de confort a los políticos y burócratas. Pienso que no hay otra alternativa al desarrollo organizado y consciente de nuestro país. Lo demás es más de lo mismo con distinto nombre dejando por fuera el potencial creativo de la gente o limitándose a soluciones individuales.

El autor es sociólogo.