EscucharEl plan para exonerar a las familias pobres de pagar las tarifas eléctricas, presentado por el Gobierno en julio pasado, no verá la luz antes de que el presidente Luis Guillermo Solís deje Zapote.
Aunque inicialmente se dijo que el beneficio sería percibido por unas 27.000 familias en los primeros meses del 2018, la iniciativa apenas está en la etapa de recopilación de datos para que la Aresep haga los cálculos tarifarios que se requieren.
Por ello, se estima que el proyecto no se hará realidad antes del segundo semestre de este año.
El presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Emilio Arias, aseguró que, para un plan piloto, esa entidad entregó la lista de 27.000 personas en pobreza extrema beneficiadas en el programa Puente al Desarrollo. Más adelante, el beneficio podría cubrir de manera parcial a familias en pobreza básica.
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Arias aseguró que la ejecución del programa le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Por su parte, la directora de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Laura Lizano, afirmó que actualmente se trabaja en establecer la relación entre las familias en extrema pobreza con los datos de las empresas eléctricas.
“Tiene que haber esta correlación entre los datos de estas familias y su medidor porque el plan tiene que ser implementado por las empresas distribuidoras de energía, según la zona de distribución, tiene que haber un match para que las empresas sepan a cuál cliente van a aplicar el beneficio”, explicó Lizano.
De acuerdo con la funcionaria una vez que se tengan esos datos le corresponde a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) hacer los cálculos para definir el modelo tarifario mediante el cual se subsidiará a estas familias.
Según el decreto firmado por el mandatario en julio pasado, el subsidio de esas familias será cubierto por los abonados del sector residencial. En esa ocasión la viceministra de Energía, Irene Cañas, estimó que el aumento para el resto de consumidores, que cubrirían el subsidio, sería de 0,01%.
El intendente de Energía de la Aresep, Mario Mora, explicó que actualmente ellos están a la espera de tener la información requerida sobre los 27.000 beneficiarios para iniciar con el planteamiento de los diferentes escenarios, mediante los cuales se cubriría el costo asociado a la propuesta.
“Lo que se está requiriendo es la incorporación dentro de los formatos que tienen para seguimiento de cada familia, la identificación del medidor porque en función de eso podemos precisar el consumo asociado a ese medidor y hacer estimaciones de cuánto costaría beneficiarle los 100 primeros kilovatios hora”, dijo Mora.
Según dijo esta etapa de recopilación debería estar lista a finales de este mes.
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Posteriormente la Aresep deberá hacer la estimación de esos costos y de las empresas que sirven a esas familias.
“No solo es importante identificar el medidor y el consumo de cada familia, sino la empresa que sirve a esas familias, porque parte de la política establecida implicaba un mecanismo de compensación. Es probable que haya empresas que les toca atender a una gran cantidad de beneficiarios y a otras una cantidad menor” , explicó.
El programa presentado por el Gobierno establece que el porcentaje (de aumento que se cobrará a los abonados) será el mismo en todas las empresas distribuidoras de energía, para realizar la compensación mencionada por el Intendente de Energía.
El plan plantea un fondo solidario donde se concentren los excedentes generados por algunas compañías y se retribuya el faltante de otras empresas.
Tras tener el cálculo, la Aresep deberá llevar la propuesta a audiencia pública. Ese trámite normalmente se cierra en tres meses según el intendente de Energía. A esos tres meses se le deben sumar otros tres meses más para que las empresas ajusten sus sistemas de facturación.
