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San José.
La intención del Gobierno de subsidiar las tarifas eléctricas a las familias más pobres provoca, por el momento, más dudas que soluciones.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entidad con la competencia de fijar el costo de servicios públicos como la electricidad, desconoce todavía cómo se aplicará y sobre quiénes se cargará el subsidio. Ese mismo cuestionamiento plantean los distribuidores de energía.
"Todavía esperamos la comunicación y publicación formal del decreto del Gobierno para iniciar el análisis técnico del plan, su alcance e implicaciones. Tenemos la responsabilidad de velar de que no haya una invasión de las competencias tarifarias que son competencia exclusiva de la Aresep", aclaró Mario Mora, de la Intendencia de Energía de la Aresep la mañana de este jueves.
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La propuesta del Gobierno es que familias en pobreza extrema reciban un subsidio del 100% en el consumo de los primeros 100 kilovatios hora (kWh) facturados. Hogares en pobreza básica recibirán un subsidio del 50% por el mismo consumo.
Según la viceministra de Energía, Irene Cañas, estas familias solo cancelarían de ¢744 a ¢1.300 por el costo fijo de la red (de distribución), así como los rubros del tributo a Bomberos, alumbrado público y el costo variable de los combustibles. Además, tendrían que pagar el excedente por consumos superiores a 100 kWh.
De acuerdo con el decreto que firmó el presidente Luis Guillermo Solís, el resto de los consumidores pagarán por el subsidio como un recargo en su facturación mensual. Cuánto pagarán y a partir de cuándo solo la Aresep podría definirlo.
Esta propuesta, explicó Mora, tendrá que someterse a los mecanismos de participación ciudadana que señala la normativa como parte del proceso de análisis. Mediante esa consulta, otros consumidores y actores del sector podrían oponerse y presentar sus argumentos.
Mora aclaró que Aresep sirvió de consultor del Minae para atender dudas técnicas y recalcó que este decreto no tiene ninguna relación con la propuesta que la Aresep hizo en junio para reestructurar la tarifa de luz residencial.
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Aquella idea consiste en tener cinco bloques tarifarios y definir cada uno de ellos con base en criterios técnicos, para fomentar un uso más eficiente de la electricidad, brindar más equidad y hacer más transparente el sistema tarifario. No incluía una subvención del servicio.
Actualmente, el sistema eléctrico nacional cuenta con un pliego tarifario en el sector residencial de dos bloques de consumo, el primero llega hasta 200 kilovatios hora (kWh) por mes y el otro para consumos superiores a ese valor.
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"Según el marco normativo vigente, la formulación de la política pública y los planes sectoriales son de responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Aresep es una entidad autónoma que goza de independencia técnica y con competencias exclusivas y excluyentes en definición tarifaria", expresó Mora.
Temor de distribuidores
La presentación del plan de Gobierno también despertó algunos temores entre los distribuidores eléctricos, sobre todo, ante la posibilidad de que el fondo creado por la iniciativa quede bajo la administración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que también es una empresa regulada.
Este reclamo lo hizo Erick Rojas, vicepresidente de la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), quien aseguró que en una sesión de trabajo entre colaboradores de empresas distribuidoras y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, el miércoles 26 de julio, se indicó que los fondos del subsidio serían administrados por el ICE.
"Si así fuera, las empresas distribuidoras tendrían que trasladar los dineros de dicha recaudación a esa entidad, cuya legalidad tenemos que evaluar", expresó Rojas en un comunicado.
El vocero argumentó que tampoco hay certeza de la afectación real para los abonados residenciales que asumirán el subsidio pues el porcentaje de aumento en la tarifa tampoco podría ser el mismo, debido a los distintos niveles de pobreza, según sea la zona de concesión de cada distribuidora.
"Nos preocupa que se genere una expectativa de corto plazo a las familias más pobres cuando aún hay mucho por definir en cuanto al procedimiento de aplicación", añadió.
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Allan Benavides, presidente de Cedet y gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, declaró su apoyo a la intención de ayudar a las familias más necesitadas, pero considera que la ayuda debería canalizarse directamente con recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
"Hemos visto cómo funcionan en otros países de Centroamérica este tipo de tarifas, en todos los casos es el Gobierno, con recursos del fisco, quien financia los subsidios y no la clase media", agregó.
Cedet está compuesta por el Consorcio Coneléctricas R.L, Coopeguanacaste R.L, Coopesantos R.L, Coopealfaroruiz R.L y Coopelesca R.L, junto a ellas la Empresas de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC).
En el pasado, Aresep ya ha tenido que variar la estructura tarifaria precisamente por políticas que emite el Poder Ejecutivo.
Así ocurrió cuando Aresep pretendió eliminar el subsidio del gas licuado de petróleo para abaratar el precio de los demás combustibles; sin embargo, el Gobierno intervino y resolvió, por decreto, mantener el subsidio ante las presiones de los empresarios.
Colaboró la periodista Rebeca Madrigal.
