Don Maximiliano Alvarado, presidente del Banco Nacional, tiene razón en un punto: los bancos estatales deben “coordinar” con el Ejecutivo, cuyo Consejo de Gobierno funciona como asamblea de accionistas. Así lo establece el artículo 2 de la Ley del Sistema Bancario Nacional. Hasta ahí, todo bien.
Sin embargo, ante un verbo tan ambiguo, la gran pregunta es qué implica para la gestión de la entidad. ¿Coordinar qué y cómo? Su interpretación, según consta en el acta de Directiva 12.760, celebrada el 15 de julio, genera inquietudes: no solo por lo que dijo, sino por lo que omitió y el contexto del caso.
Omitió que, según esa ley, lo que debe coordinarse son los “esfuerzos y actividades” de los bancos públicos, no sus “orientaciones”, como lo cita el acta, aunque luego aclaró que solo se trata de asuntos técnicos. La norma da, al menos, dos importantes guías de cómo hacerlo. Una: esos bancos son “instituciones autónomas de derecho público, con personería jurídica propia e independencia en materia de administración”. Otra: “Las decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia solo podrán emanar de sus respectivas juntas directivas”, no del Consejo de Gobierno, añado yo.
Según Alvarado, “ya no se estila” que el Ejecutivo les diga, mediante el Banco Central “por aquí vamos”, porque “todos creen que son autónomos” o “una isla libre e independiente”. La autonomía, sin embargo, no parte de lo que se “estile” o se crea, sino de lo que diga la ley y sea adecuado para el sistema financiero. Por algo los bancos estatales se han mantenido a distancia de esa asamblea de accionistas tan política. Hasta ahora, parece.
Esto nos lleva al contexto. La destitución exprés y legalmente discutible de la anterior directiva; el pedido presidencial nada velado a sus nuevos miembros –entre ellos Alvarado– para que le pusieran atención a un supuesto trámite de crédito de “una empresa absolutamente conectada con el poder político tradicional”, y el manoseo del comunicado dando a conocer su nombramiento definitivo, levanta muchas dudas sobre la conducta del accionista supremo.
Si esta actitud no se topa, como parece, con un presidente de directiva dispuesto a reafirmar la autonomía institucional, sobran razones para inquietarnos sobre el desempeño del más sistémico de nuestros bancos.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.