Favores legislativos

Sí. La historia es harto conocida. Instituciones y funcionarios obstruyen cuanto proyecto llega y, así, la tramitomanía abre puertas a los pagos o favores indebidos a cambio del visto bueno.

Sí. Pero contra ese mal los diputados aprobaron en el 2013 la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios (número 9158). Cada entidad tiene una para reclamos de usuarios insatisfechos.

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Si la ley no funciona, si las contralorías son ineficientes, gran favor habría hecho Cascante al exigir una reforma en lugar de hacer favores a los sospechosos.

Pero no. El congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) manifiesta que es «natural» que un ciudadano pida ayuda a un diputado para que un proyecto inmobiliario «camine» en una institución.

Alto. Esa afirmación debe prender luces de alarma en la Asamblea Legislativa. La práctica es indeseable, pues podría confundirse con tráfico de influencias.

Además, los ciudadanos no elegimos legisladores para secretarios, encargados de gestar reuniones entre jerarcas del Estado con personas que luego dicen no conocer. Cascante sentó a los sospechosos con jerarcas del INVU, el Banhvi y el Banco Popular, y con los alcaldes de Limón y Goicoechea y hasta intervino a favor de ellos ante el presidente de la República, Carlos Alvarado.

Tanta cortesía indigna, más cuando una intervención telefónica a los investigados revela que lo aludían como un «amigo» y «un mal necesario» para evitar trabas. Es lamentable también el comentario de «que solo anda buscando dónde lo invitan a comer».

Este oscuro capítulo no debe pasar al olvido. Los 57 diputados de hoy y los que pretenden elegirse en el 2022 deben tener claro que los designamos para legislar, para pensar en el bien común, pero nunca para hacer de secretarios. Los legisladores deben serlo y parecerlo. Y deben tener presente que no hay almuerzo gratis.

amayorga@nacion.com