EscucharDesde que el viernes de la pasada semana el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica dio a conocer los resultados de un estudio de opinión sobre la reforma fiscal y la huelga, me asaltó una gran duda: ¿Cómo explicar que, según dice su informe, “el 52 % de la población encuestada apoya el movimiento de huelga”, pero el 93 % adversa suspender los servicios médicos, el 78 % las clases, el 82 % obstaculizar el suministro de combustibles y el 72 % realizar bloqueos?
Además, el 86 % de los consultados calificó como “muy grave” la crisis fiscal y las opiniones sobre qué hacer ante ella se distribuyeron de la siguiente manera (las opciones no eran excluyentes):
-Recortar gastos antes que cobrar más impuestos: 93 %.
-Cobrar más impuestos a los que más ganan: 90 %.
-Cobrar mejor los impuestos que ya existen, sin crear otros: 81 %.
-Recortar gastos y cobrar más impuestos a la vez: 45 %.
Es decir, si los ciudadanos se oponen de forma tan contundente a aquello en que consiste la huelga (paro laboral que conduce a suspensión de servicios), si consideran que la crisis fiscal es grave y si expresan una tendencia marcada a apoyar menos gastos y más (o mejores) impuestos, ¿cómo es posible que poco más de la mitad diga “apoyar la huelga”?
La indagación. La duda se alojó pasivamente en mi memoria y la reactivé tras la invitación a participar en un conversatorio sobre el tema.
Gracias a información adicional que me proporcionó el CIEP, dilucidé el enigma y concluí, con alivio, que el estudio no refleja un caso de aguda psicopatía colectiva, que nos lleva, como sociedad, a apoyar y rechazar simultáneamente lo mismo. Sucedió algo más sencillo, producto de la forma como el CIEP primero interrogó y luego comunicó los resultados.
Sus falencias indujeron a confusión e incluso estimularon la construcción de dos relatos mediáticos y sociopolíticos contrapuestos: uno basado en el presunto apoyo huelguístico; otro, en su rechazo.
Todo comenzó con el cuestionario, que no preguntó explícitamente a los integrantes de la muestra si apoyaban o no la huelga. Lo que se les planteó fue esto:
“Con respecto al movimiento de protesta, su posición es:
1. Apoya el movimiento.
2. Rechaza el movimiento.
3. No tengo una posición (los énfasis son míos)”.
Obviamente, un “movimiento de protesta” no es lo mismo que una huelga, y no es correcto asumir que el público los considerará como sinónimos. El primero es una sombrilla conceptual abstracta, bajo la cual caben infinidad de posibilidades: desde decir “no me gusta” algo, hasta manifestarse en vías públicas o abandonar el trabajo. La huelga, en cambio, es específica y concreta: parálisis laboral que conduce al cese de actividades; en este caso, servicios públicos.
Por esto, equiparar un 52 % de apoyo al “movimiento de protesta” como “apoyo a la huelga” es un ejercicio de especulación. Pero así lo reportó el CIEP, incluso en una atractiva infografía que resume sus hallazgos.
Esencia y mecanismos. El estudio, además, revela confusión sobre qué puede calificarse o no como “mecanismos de presión”. Al respecto, planteó la siguiente pregunta:
“Como parte del movimiento de protesta, los grupos que la apoyan y el gobierno han utilizado diversos mecanismos de presión. Queremos conocer su posición sobre las siguientes acciones (énfasis míos)”.
De seguido ofrece una lista que contempla marchas, bloqueos en calles y carreteras, suspensión de servicios médicos, no dar clases en las escuelas (no menciona colegios), obstaculizar la distribución de combustibles, usar la fuerza para dispersar los bloqueos y declarar ilegal la huelga. La lista es una mezcla de acciones esencialmente distintas.
Los bloqueos (entre ellos a la distribución de hidrocarburos) sí pueden considerarse como “mecanismos”. Son algo que se añade a la paralización generada por la huelga para amplificar su impacto. Suspender servicios médicos y educativos, sin embargo, posee una entidad diferente: la suspensión es la huelga; sin ella, esta no existiría. Su naturaleza ontológica es esencial, no instrumental. Considerarla como “mecanismo”, por tanto, es despojarla de su real significado.
Presumo que esta falta de precisión impidió decir en el informe que el 93 % de la población rechaza la huelga en los hospitales y el 73 % en el sistema educativo. La razón es obvia: por definición, esas acciones ya habían sido reducidas a “mecanismos de presión”. En cambio, el 52 % favorable “al movimiento” sí fue interpretado como apoyo “la huelga”.
En síntesis, una importante parte del estudio fue descuidada en el uso de términos, en la interpretación de resultados y en el traslado de lo anterior a su divulgación. Como consecuencia, lejos de aclarar, indujo a confusión.
El autor es periodista.
