EscucharDesde hace aproximadamente una década, el peso del sector informal dentro del mercado laboral viene creciendo. ¿La razón? Pues que la mayoría de los puestos de trabajo creados en ese período carecieron de garantías sociales o no se paga el salario mínimo.
Las personas en esa condición trabajan largas horas para recibir ingresos bajísimos, sin vacaciones, aguinaldo y, por supuesto, sin derecho a enfermarse. Por eso, la informalidad está asociada con la pobreza en los hogares. Es cierto que una parte del sector informal es high end: profesionales que prefieren sumergirse sin reportar ingresos en Costa Rica; sin embargo, son una minoría.
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Así, paso a paso, nuestro país ha ido perdiendo una ventaja que la distinguía del resto de América Latina: que la mayoría de las personas estaban empleadas en puestos de trabajo que cumplían con todas las de la ley.
¿Por qué ha ocurrido esto? Las cosas complicadas nunca se explican por una sola razón. Sin embargo, un motivo destaca: el dualismo en la estructura productiva del país. Tenemos un sector «moderno» de la economía, vibrante, conectado a las cadenas globales de valor, que paga mejor y está muy bien apoyado por el Estado, y otro «tradicional», estancado, con baja productividad, que paga bastante más mal y tiene asignadas débiles instituciones públicas. En él labora la mayor parte de la fuerza de trabajo y, por su escaso dinamismo, los empleos se han precarizado.
La informalización de la economía no solo está asociada a la desigualdad y la pobreza. Hay otra arista, con graves implicaciones políticas, que se ha explorado menos. Ahí, donde cunde la informalidad, hay una pérdida de capacidad del Estado para imponer un orden público basado en las leyes; ahí, donde reina, las instituciones públicas no llegan o llegan poco y mal.
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Y, como en política los espacios vacíos no existen, este desamparo abre la puerta, en muchos territorios, a los actores ilegales, que se convierten en las fuentes de empleo que el mercado niega, y de la asistencia social y fomento productivo, que el gobierno mal da o no da del todo. Esos actores, luego, adquieren legitimidad local, penetran las instituciones y disputan al Estado el control de ciertos territorios. Esa ha sido la experiencia en América Latina y nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Estamos avisados.
El autor es sociólogo.
