1) Un informe confidencial de inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública alertó sobre la posible infiltración de tales grupos entre varios de sus efectivos de la zona sur. 2) El documento fue enviado el 14 de abril al viceministro y jefe de la Fuerza Pública de entonces, pero no le dieron trámite, según dijo el miércoles el ministro actual, Gerald Campos. 3) Al enterarse por la prensa, planteó una doble denuncia ante el Ministerio Público: sobre los hechos y sobre los dos jefes que no actuaron. Ambos han guardado silencio.
Lo bueno: se investigó y emitieron alertas; además, el caso pasa a las autoridades judiciales. Lo malo: nada se movió antes ni durante. Lo feo: los gobiernos “continuos” pecaron de grave discontinuidad. La gran duda: ¿por qué ocurrieron esta inacción y desacople sin aparente conocimiento de jerarcas que culpan sin cesar a otros, en particular las leyes y los jueces, por los problemas de seguridad?
Sumemos otra discontinuidad, revelada el 13 de julio, cuando la presidenta Laura Fernández revirtió la decisión tomada por su antecesor en setiembre de 2023 y anunció el regreso de la Policía de Control de Drogas a aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Dos semanas después, el “caso Leviatán” evidenció que su sustitución en APM Terminals, Moín, por la Policía de Fronteras, facilitó la acción de una compleja estructura delictiva dedicada a enviar droga a Europa.
Espero que la investigación judicial esclarezca responsabilidades entre policías y sus líneas de mando. Sin embargo, tan o más importante es el rendimiento de cuentas de los responsables políticos. Son ellos (y ellas) quienes definen nombramientos clave, estrategias y discursos. Lo menos que deben hacer es explicar sus decisiones, con apego a las altas funciones que decidieron asumir. Estamos esperando.
Correo: radarcostarica@gmail.com
X: @eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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