EscucharEl coronavirus del sistema de empleo público es la tolerancia con la negligencia y la corrupción de funcionarios, debido a que una maraña de procedimientos les conceden inmunidad y, en consecuencia, son inamovibles.
El despido de un empleado público consume meses y años, pues, por más pruebas en contra, prevalece el «debido proceso», que en la práctica se ha transformado en algo como patear la bola para prolongar lo más posible la decisión final.
Lo hemos informado. Un procedimiento disciplinario en una institución tarda, cuando menos, seis meses. Después el trabajador presenta recursos y el expediente comienza a rodar hasta por cinco instancias, como la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal Administrativo de Servicio Civil y el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Al final, el Estado sale goleado por las pérdidas ocasionadas por el trabajador, por los salarios pagados durante la suspensión de funciones y por la cara tramitomanía para concretar la separación. Los costos se incrementan cuando se trata de un escándalo que mina la imagen institucional.
Las investigaciones por sospechas de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social son un ejemplo. El proceso lleva ocho meses sin que nada pase; mientras, los involucrados reciben el sueldo puntualmente. En tanto, los costos de la Caja suben, porque debe pagar a interinos. Sorprende, incluso, la impotencia de la Junta Directiva, pues, por más reclamos que plantea, no consigue acelerar la investigación.
Ahí, al menos, hay investigación. En otras instituciones, como la Compañía Nacional de Fuerza Luz (CNFL), no la hubo, y sanciones, ni por asomo, con respecto a proyectos eléctricos «mal planificados y ruinosos», como lo calificó el presidente, Carlos Alvarado, ante los diputados, el 4 de mayo.
Manejos similares en una empresa privada habrían acarreado despidos de jerarcas por parte de la asamblea de accionistas, como mínimo, pero «las decisiones antes descritas casi no tuvieron repercusiones», afirmó Alvarado.
Esa impunidad para con las anomalías parece ser una enfermedad en el sistema de empleo estatal. Una vez más los diputados están en deuda por la omisión de reformas que permitan mano firme contra los empleados públicos que faltan a su deber.
