EscucharEn toda Centroamérica y República Dominicana, ningún sistema de transporte supera al costarricense en emisiones de gases dañinos. El crecimiento desordenado de la Gran Área Metropolitana (GAM), la dependencia del petróleo y las deficiencias del transporte público explican la lamentable distinción.
El modelo actual impedirá, por siempre, disminuir la contaminación causada por los hidrocarburos. Los vehículos emplean el 84% de los combustibles fósiles consumidos en el país, cuya matriz energética limpia, aparte del transporte, es ejemplo mundial. Esa energía es, también, autóctona e independiente de los vaivenes del mercado internacional y está disponible para impulsar vehículos públicos y privados.
La extraordinaria riqueza energética de Costa Rica marca el camino con una claridad envidiable. La extensión del plazo de las ventajas fiscales para los autos eléctricos era indispensable, pero los resultados hasta ahora han sido modestos. El Congreso debe considerar la posibilidad de ampliar los estímulos a la adopción de la nueva tecnología que es, también, la inevitable tecnología del futuro previsible.
El derrotero señalado por las capacidades de generación limpia pasa por la transición del transporte público a la electricidad. Muchos países en América Latina, como Chile y Colombia, muestran notables avances en la adopción de autobuses eléctricos. Costa Rica apenas está en la fase de planes piloto, pero la realidad cotidiana de nuestras calles aconseja acelerar el paso.
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El tren eléctrico y la sectorización de los autobuses son elementos indispensables del cambio. Los préstamos para impulsar el proyecto están disponibles a tasas prácticamente regaladas, especialmente ahora que los intereses aumentan aceleradamente. La principal objeción, relacionada con el subsidio a la operación, pasa por alto la asistencia financiera proveída por el Estado al contaminante sistema actual.
La ausencia de transporte público eficiente impulsa el uso del automóvil personal y exige inversiones en infraestructura que el país no logra sufragar. El resultado son millones en pérdidas económicas, incluida la disminución de la productividad. En promedio, cada costarricense genera 1,18 toneladas de dióxido de carbono al año con su vehículo, el uso de transporte público o la demanda de bienes y servicios necesitados de acarreo. Por otra parte, los tiempos de recorrido en la GAM aumentaron un 40% entre el 2014 y el 2019. Esa realidad debe cambiar.
