La expulsión de 18 misioneras de la Caridad, de la orden fundada por la madre Teresa de Calcuta, representa una cima en la escalada totalitaria del régimen de Daniel Ortega. La indefensión de las víctimas y su abnegado servicio a los pobres eleva el abuso a un lugar destacado entre las perversiones de la dictadura nicaragüense.
Sin proponérselo, Ortega hizo un homenaje a los costarricenses cuando pidió a su policía de migración escoltar a las religiosas hasta nuestra frontera. No había motivo para hacerlo. Ninguna de las monjas es costarricense. Siete son de la India, dos de México, una de España, dos de Guatemala, una de Ecuador, una de Vietnam, dos de Filipinas y dos son nicaragüenses. En común, aparte de los hábitos, solo tenían la necesidad de amparo en una tierra de libertad. Para eso está Costa Rica, y Ortega lo reconoció de hecho.
El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, habló por todos los costarricenses cuando dio la bienvenida a las religiosas. Calificó de “honor” para la Diócesis “que sus plantas pisen estas tierras”. El honor es para el país entero. Las recibimos de manos de la dictadura con el mismo amor que ellas prodigan a sus semejantes. Escoger, en estos tiempos, una vida de renuncias y frugalidad para aliviar el dolor ajeno es un acto extraordinario de heroísmo y bondad.
“Hermanas, sean bienvenidas a estas tierras. Nuestra Diócesis está de puertas abiertas para recibirlas. Gracias por su ejemplo, entrega y servicio a los más pobres entre los pobres”, escribió el obispo en una publicación difundida en las redes sociales. También pidió orar por la Iglesia católica de Nicaragua y sus sacerdotes.
Es imposible evitar una sonrisa irónica ante el listado de razones de la dictadura. Las misioneras de la Caridad incumplen, dice el régimen, la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La aplicación de esa legislación a la orden de la madre Teresa demuestra que su propósito dista mucho del pregonado por el título.
La ley es, en realidad, un medio de control de todo contacto de la sociedad civil nicaragüense con el exterior. Le ha sido aplicada a todo tipo de organizaciones no gubernamentales junto con otras normas instrumentalizadas para hostigarlas. Las misioneras no están acreditadas para manejar una guardería, un asilo de ancianos o contribuir al reforzamiento del aprendizaje, dice un gobierno omiso en la provisión de todos esos servicios.
Sin proponérselo, Daniel Ortega hizo un homenaje a los costarricenses cuando pidió a su policía de migración escoltar a las misioneras de la Caridad hasta nuestra frontera. (Cortesía Eco Católico)
