Esto es lo que hizo hace pocos días la Comisión, al proponer la eliminación del monopolio del alcohol, reordenar la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) y eliminar otras distorsiones en su mercado, que, como el del arroz, cuenta con leyes especiales. Lo hizo con base en un robusto estudio a cargo de una especialista del BID. Las instituciones a las que se dirijan sus recomendaciones —en este caso del Ejecutivo y el Legislativo— tienen 30 días para fundamentar si, y por qué, decidieron apartarse de ellas.
Se abre ahora un período de discusión e intenso cabildeo. No dudo que su dinámica responda a guiones ya conocidos. Los sectores afectados, bien organizados, desplegarán un repertorio de argumentos para definir los posibles cambios como una catástrofe para la “seguridad alimentaria”, los “pequeños productores”, la estabilidad y el empleo. En cambio, los consumidores que se verán beneficiados, desde las familias hasta las actividades productivas que utilizan el alcohol y el azúcar como insumos, probablemente tendrán menor “galillo”. Razón: son más dispersos, están poco organizados y son menos influyentes.
Mi temor es que el debate, indispensable, se hunda en el terreno de las emociones, que es la mejor forma de descarrilarlo y mantener un statu quo que perjudica la transparencia del mercado, la formación de precios y la productividad. Mi esperanza: que la solidez del estudio, los informes de la OCDE, el abordaje balanceado de los medios de comunicación, los análisis de economistas independientes, el activismo de la Coprocom y algunos posibles, aunque improbables, diputados y ministros “campeones” del cambio estimulen un buen resultado.
No solo está de por medio un mercado en particular, de por sí importante, sino el sentido mismo de la competencia como factor de mayor equidad y desarrollo.
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El autor es periodista y analista.
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