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Lo que ocurre en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, en torno a la millonaria fiebre del oro, no es un fenómeno local. Tiene como uno de sus principales motores el trasiego de cianuro, que llega desde el Valle Central y otros cantones fronterizos.
Tan solo entre el 27 de marzo y el 7 de abril pasados, la Fuerza Pública, en dos operativos por separado, decomisó 3.000 kilos de este químico, utilizado en más de 100 piletas encontradas por la Policía en Cutris, donde se procesa el mineral.
El exviceministro de Seguridad Erick Lacayo confirmó, meses atrás, que, en el cantón de Upala, llegaron a tres contenedores llenos de estañones de cianuro, confiscados a sospechosos de transportarlo de forma ilegal. En todos los casos, el destino sería el mismo: grupos criminales que operan en Cutris.
Un saco de 50 kilos se vende en $550 en la zona. A esto se suman otros decomisos recientes que evidencian la magnitud del negocio: cargamentos de 1.500 kilos ubicados tanto en Naranjo como en Barreal de Heredia, además de los contenedores detectados en Upala.
El cianuro envenena suelos, ríos y mantos acuíferos. Su filtración ya representa una amenaza concreta para las fuentes de agua potable de comunidades de la zona norte. No se trata de hechos aislados, sino de una cadena de suministro activa, rentable y con un rastro de daño ambiental que tardará años en medirse.
Detrás de cada saco de este químico, hay algo más que un coligallero. Operan redes que abastecen, financian y obtienen ganancias de esta actividad. La acción de la justicia no puede quedarse en decomisos que terminan en casos de flagrancia: se debe destinar personal de investigación y fiscal para identificar y frenar a quienes sostienen la logística del comercio ilícito.
Es evidente que hay actores con acceso a este producto que están haciendo clavos de oro. ¿Hasta cuándo se va a sostener este descarado negocio?
christian.montero@nacion.com
Christian Montero es periodista de ‘La Nación’.
