Durante sus casi tres años de gobierno, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha dejado en evidencia su incapacidad para desarrollar una verdadera política de seguridad ciudadana. En cambio, ha desplegado una enorme habilidad para convertir el fracaso generado por esa omisión en una lanzadera y conculcar derechos civiles y políticos. De paso, una reactiva “mano dura” le ha permitido reforzar su popularidad.
¿Hasta cuándo? No sé. El problema es que la mezcla de respaldo público con la docilidad absoluta de su apabullante mayoría parlamentaria y los avances para tomar la institucionalidad del país ya casi han convertido a El Salvador en una autocracia personalista-estructural. Cuando —o si— la población despierte, quizá sea demasiado tarde.
El inicio de su mandato coincidió con una apreciable baja en la violencia desatada por las maras, la peor plaga que afecta a la sociedad salvadoreña. El gobernante la presentó como resultado de una nueva orientación de seguridad, que lo distinguía de sus predecesores; sin embargo, pronto se demostró que no era tal. El medio digital El Faro documentó la ausencia de una política que explicara el cambio. Al contrario, fue producto de una transacción entre delegados de Bukele y líderes pandilleros para decretar una virtual tregua a cambio de beneficios personales.
