Según el informe Education at a Glance 2025 de la OCDE, Costa Rica es el país con la mayor caída en gasto público destinado a educación al 2023 (pág. 286).
El informe del BID, titulado Gasto inteligente en educación en América Latina y el Caribe, reconoce con claridad que “Costa Rica enfrenta un dilema entre adecuación y sostenibilidad fiscal. La ley aprobada en 2018 limita el crecimiento del gasto público en función del PIB nominal y la deuda pública, lo que ha provocado recortes en la inversión educativa” (pág. 64).
Que dos organismos internacionales lo expresen con esa contundencia debiera despejar cualquier duda sobre una realidad que algunos aún tratan de negar: los recortes en la educación costarricense han sido reales, sistemáticos y con efectos visibles.
El estudio del BID señala que tener metas ambiciosas no es suficiente para garantizar resultados. Su efectividad depende de respaldo fiscal sostenido, mejoras en la asignación y ejecución, y flexibilidad presupuestaria para responder a nuevas necesidades educativas.
Este planteamiento coincide plenamente con el capítulo 4 del Décimo Informe del Estado de la Educación, publicado en agosto. Ese capítulo propuso un nuevo acuerdo nacional por la educación que combine tres pilares: sostenibilidad fiscal, gradualidad presupuestaria y eficiencia en la gestión de la inversión. El informe muestra que es posible diseñar un plan de recuperación gradual del presupuesto, siempre que exista un compromiso político sostenido y una gestión eficiente.
Estos tres informes convergen en un mensaje crucial: el país debe avanzar hacia una estrategia de financiamiento progresivo, transparente y sostenible. No se trata de prometer más recursos de forma inmediata, sino de planificar su incremento con responsabilidad, metas claras, indicadores verificables y rendición de cuentas constante sobre los resultados.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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