El 2018 se presenta cada vez más complicado por el crecimiento de la tasa en dólares; las alzas en los precios del petróleo, maíz, trigo, soya; y un servicio de la deuda del Gobierno que viene creciendo aceleradamente debido a los persistentes déficits.
Este año, el Ministerio de Hacienda planea colocar bonos por más de ¢1 billón y más de $1.000 millones para pagar los intereses de todo lo que debe y renovar préstamos.
Producto de la presión que ejerce el Gobierno para financiar su déficit, la tasa básica pasiva es posible que suba y perjudique a quienes tienen deudas en colones por compra de casa o de automóviles.
A este cuadro le debemos agregar que otras instituciones del sector público, como el ICE, Recope y el AyA, también demandarán recursos con bancos locales e internacionales para financiar sus inversiones. Otros actores en el mercado financiero serán el Banco Central, con la venta de bonos de estabilización, y bancos públicos y privados.
Ante esta compleja situación financiera, aumenta más el riesgo de insolvencia de nuestro Gobierno, lo que está obligando a quien ocupe la silla presidencial a partir del 8 de mayo próximo a poner en agenda prioritaria la implementación del plan fiscal, si se aprueba, y el recorte de gastos necesarios para no caer en la iliquidez.
Ya hemos pasado el umbral recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un endeudamiento máximo de un 50 % del PIB para el Gobierno, y estamos al borde de un grado de calificación de no inversión, es decir, los bonos emitidos por el próximo gobierno ya tendrían la categoría de “bonos basura”.
Hoy, todas las calificadoras de riesgo cuestionan seriamente la calidad de la inversión costarricense aumentando el riesgo, exigiendo medidas urgentes y eficaces. Las firmas Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch están solo a la espera de que se logren acuerdos en el próximo gobierno para atacar el creciente e inmanejable déficit fiscal que puede llegar este año al 7,2% del PIB.
Es preocupante cómo perdimos la ocasión en el 2014 para hacer los ajustes que requeríamos, y en lugar de amarrarnos la faja, hicimos todo lo contrario expandiendo aceleradamente el gasto. Los gastos del Gobierno pasaron de ¢6,5 billones en el 2014 a ¢9,1 billones en el 2017, con un servicio de la deuda de ¢2,98 billones.
La prioridad debe ser detener el gasto creciente. No podemos seguir con promesas de continuar aumentando los salarios y la deuda del gobierno. Ya la situación fiscal es explosiva. Tenemos que estabilizar la dinámica de la deuda, de aquí que es importante que ambos partidos (PAC) y (PRN) anuncien sus equipos económicos y sus compromisos.
Tenemos que estar claros en que las propuestas de ajuste deben venir del lado del gasto. El proyecto fiscal para que sea eficaz debe alcanzar a corto plazo al menos el 3 % del PIB, que es el déficit primario, lo cual no se consigue con el proyecto que los diputados planean aprobar por la vía rápida.
De otra forma, seguirá creciendo la deuda pública y de nada servirán los nuevos impuestos. Todos tenemos que sacrificarnos si queremos salir adelante.
Los problemas de liquidez del Gobierno son una realidad. Para el 2018, pretende financiar el 46 % de los ¢9,5 millones de colones de sus egresos, lo que pondrá gran presión en el mercado interno, impulsando las tasas de interés.
El saldo actual de la deuda de Hacienda es de ¢11,6 billones y el sector privado posee ¢4,8 billones. ¿Qué pasaría si la reforma fiscal no llega a buen puerto? ¿Cómo financiaremos un presupuesto de ¢9,3 millones? ¿Cómo lograremos un pacto social con los sindicatos del Gobierno para ordenar los salarios negociando los explosivos pluses salariales? ¿Podremos seguir aumentando la planilla del Gobierno? ¿Seguirán en expansión las transferencias del Gobierno?
Salarios en el sector público. Del 2014 al 2017, las remuneraciones del sector público pasaron de ¢4,85 billones a ¢5,88 billones. Eso significó un aumento de un 21,2 %. De forma generalizada e irresponsable, todos los grupos institucionales aumentaron los incentivos. Casi ninguna institución pública tiene salario único como el régimen salarial.
Los pluses salariales en el sector público representan ¢2,94 millones anuales, que equivale a pagar un 147 % adicional a las remuneraciones básicas. Estos incentivos o pluses desvirtúan la naturaleza del salario. No hay una relación entre los incentivos salariales y los niveles de productividad y las posibilidades fiscales del país.
Las anualidades absorben gran parte de los incentivos y no tienen relación con la productividad. Más del 90 % de los funcionarios reciben incentivos. No hay sistema único y existen decenas de regímenes salariales de diferente naturaleza según la institución.
La Autoridad Presupuestaria está pintada en la pared. Se han generado importantes brechas salariales entre profesionales con las mismas calificaciones. No hay criterios de racionalidad y proporcionalidad. Por ejemplo, la UCR estableció una anualidad de un 3,75% del salario base, en el TEC es el 6 % y en el INA el 1,94 %.
En muchos casos no hay topes en las anualidades. En incentivos por dedicación exclusiva se paga el 20 % del salario base para bachilleres universitarios en AyA, CNFL y Recope, mientras que en la CCSS ese incentivo sube hasta el 35 %.
Dentro del Gobierno se identifican 68 remuneraciones adicionales en el MEP, 15 en la Presidencia, 7 en el MAG y 4 en Comex. En el MEP, la CCSS y las universidades públicas, los salarios son el mayor rubro. En la UCR se pagan al año ¢196.000 millones en salarios, en la UNA los salarios anuales son ¢82.000 millones y en el TEC, ¢45.000 millones.
En el Patronato Nacional de la Infancia, los salarios anuales suman ¢21.000 millones y en el IMAS ¢21.000 millones. En estas instituciones, el 65 % de sus ingresos van a la planilla, y queda muy poco para la inversión y operaciones.
Es importante analizar que con una inflación del 7,7 % entre el 2014 y el 2017, los presupuestos de las universidades crecieron en ¢133.000 millones, que es un 24 % de crecimiento. El IMAS aumentó en ¢50.000 millones y el Patronato Nacional de la Infancia, en ¢13.000 millones.
El gasto corriente del Gobierno se compone de un 41,2 % de gastos de consumo, un 39,5 % de transferencias y un 19,3 % en intereses.
Los gastos de capital históricamente no superan el 10 % de total de los gastos del Gobierno, por lo cual se hace difícil mejorar nuestra infraestructura y competitividad. Lo preocupante es que, para este año, por las medidas de contención del gasto se disminuirá la inversión radicalmente.
Pacto social. Los sindicatos y el próximo gobierno deben establecer un orden en las remuneraciones. Poco avanzaremos con nuevos impuestos, luchando contra la evasión y elusión fiscal, con la incorporación de nuevos contribuyentes o modernizar, simplificar y mejorar la equidad de nuestro sistema tributario. Lo relevante es que, en paralelo a la incorporación del impuesto a los servicios, revisemos los disparadores del gasto, que están concentrados en las remuneraciones y las pensiones.
No podemos seguir con convenciones colectivas que lo único que defienden son los intereses de los agremiados de los sindicatos, sin analizar la realidad fiscal y la productividad. No podemos seguir en la actual carrera de nuevos incentivos o pluses salariales. Los sindicatos deben asumir una posición de responsabilidad, que significa poner primero a Costa Rica.
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No puede ser que por falta de voluntad de los sindicatos nos vayamos a una crisis social, política y económica. Ya no se trata de luchar por mayores pluses, lo relevante es que no tendremos recursos ni para pagar salarios a corto plazo.
Al no hacer ajustes solidarios los más afectados serán los más pobres. Lo que Costa Rica necesita es ordenar las finanzas públicas y generar más y mejores empleos. Un nuevo empleo que debe venir del sector privado y no del público.
El autor es economista.