No es cierto que el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, le haya entregado al mandatario Carlos Alvarado el control del Congreso y la potestad para aprobar leyes, como afirma erróneamente una publicación que se comparte en Facebook y WhatsApp.

El mensaje utiliza una foto del jerarca legislativo y lo acusa de ser un “traidor de la democracia costarricense”.

“(Cruickshank) le dio por los siguientes 8 meses la Asamblea Legislativa al Dictador Alvarado a partir del 01 de diciembre 2020, para que el PAC apruebe lo que le dé la gana (sic)”, dice falsamente la publicación.

En Costa Rica, no es posible que el jerarca legislativo le ceda el Congreso al presidente de la República, la Constitución Política ni ninguna ley lo estipula en su articulado.

Lo que sí ocurrirá durante los próximos ocho meses es que el Poder Ejecutivo decidirá cuáles proyectos se discutirán y cuáles se pondrán a votación, pero no porque Cruickshank lo decidiera, sino porque así lo dispone la carta magna.

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Incluso, la decisión final sobre cuáles iniciativas se aprueban y cuáles se rechazan permanecerá, como siempre, en las manos de los 57 diputados.

¿Cómo funciona la agenda del Congreso?

Todos los años, el control de la agenda legislativa se alterna entre los diputados y el Poder Ejecutivo. Los congresistas definen las prioridades durante seis meses, en sesiones que se denominan ordinarias, y Casa Presidencial lo hace durante los otros seis meses, en sesiones extraordinarias.

Los bloques los define la Constitución Política en el artículo 116. Hasta ahora, las sesiones ordinarias se realizaban en dos partes: un periodo de tres meses entre el 1.° de mayo y el 31 de julio, y otros tres meses entre el 1.° de setiembre y el 30 de noviembre.

En tanto que las extraordinarias iban del 1.° al 31 de agosto y del 1.° de diciembre hasta el 30 de abril.

Sin embargo, el año pasado se aprobó una reforma constitucional que modifica la distribución de los periodos, con la intención de darle agilidad y eficiencia al trabajo de los diputados.

Ahora, los periodos ordinarios se extenderán del 1.º de agosto al 31 de octubre, y del 1.º de febrero al 30 de abril. Mientras que los extraordinarios del 1.º de mayo al 31 de julio y del 1.º de noviembre al 31 de enero.

De esa forma, cada cuatro años, los futuros presidentes de la República podrán impulsar su agenda en sus primeros 100 días de Gobierno, y en las primeras semanas de cada legislatura.

El cambio se aplicará a partir de la legislatura 2021-2022. La transición de un sistema a otro será lo que cause que por una única vez, que el Ejecutivo defina la agenda durante ocho meses seguidos.

Este 1.° de diciembre inició el último periodo de sesiones extraordinarias con la modalidad antigua, el cual se extenderá hasta el 30 de abril. Al día siguiente, el 1.° de mayo, se estrenará el nuevo cronograma, que inicia con tres meses de sesiones extraordinarias. De esa forma, se sumarán ocho meses en los que el Ejecutivo estará al mando de la agenda de discusión de proyectos.

Posteriormente, el 1.° de agosto del 2021 iniciará el primer periodo ordinario con la nueva distribución. A partir de ese momento, el dominio del cronograma de trabajo se intercalará entre la Asamblea y Casa Presidencial en bloques de tres meses.

De momento, para el periodo de extraordinarias que empezó este martes, el Gobierno decidió que se discutirán 43 proyectos de ley, entre los cuales hay varios que fueron respaldados por el diálogo multisectorial que terminó la semana pasada.

Se incluyeron, por ejemplo, un plan para simplificación de trámites, otro que reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), varias iniciativas de fomento al sector pesquero, una que ahorra recursos de la deuda política para la próxima campaña electoral y varios planes de combate a la violencia contra las mujeres.

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