La Universidad de Costa Rica (UCR) estimó, de forma preliminar, que los daños ocasionados tras la toma estudiantil de los edificios administrativos B y C (Rectoría) ascienden a unos ¢36 millones, una cifra que podría aumentar conforme las distintas dependencias concluyan la revisión de instalaciones, mobiliario y equipos.
Paralelamente, un informe de la Vicerrectoría de Docencia, del que La Nación tiene copia, reportó la desaparición de bienes institucionales y personales valorados en más de ¢1,4 millones, entre ellos dos computadoras portátiles, un trípode y varios artículos de uso personal.
El pasado 28 de mayo, el rector de la UCR explicó que conforme el personal universitario ha regresado a sus oficinas, se han detectado nuevos faltantes que no estaban contemplados en los primeros reportes.
Bienes desaparecidos
En un informe remitido el pasado 28 de mayo por el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, a la vicerrectora de Administración, Rosa Julia Cerdas González, se detalla que el personal de la Vicerrectoría se reincorporó a las instalaciones el 27 de mayo y, tras una revisión del inventario institucional, detectó la ausencia de varios activos bajo su custodia.
Entre los bienes institucionales reportados como faltantes figuran dos computadoras portátiles Dell Pro, valoradas en ¢600.000 cada una, y un trípode propiedad de la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS), valorado en ¢50.000. El valor total de estos activos asciende a ¢1.250.000.
Asimismo, se reportó la desaparición de varios artículos personales pertenecientes a funcionarios de la Rectoría, entre ellos audífonos, un ventilador pequeño y un perfume. El valor estimado de estos bienes es de ¢153.000.
Vicerrectoría interpuso denuncia
El 27 de mayo, el Consejo Universitario de la UCR acordó aclarar que los pronunciamientos emitidos durante la toma estudiantil únicamente respaldaban el ejercicio legítimo y pacífico de la protesta social, por lo que no pueden interpretarse como una exoneración de responsabilidades por eventuales daños patrimoniales, actos de vandalismo, coacción o afectaciones al servicio público universitario.
La aclaración del Consejo surgió dos semanas después de que estudiantes y autoridades universitarias acordaran garantías de no represalias académicas, administrativas, disciplinarias o judiciales para quienes participaron en las movilizaciones.
Ese mismo día, la Vicerrectoría interpuso una denuncia ante la Oficina de Seguridad y Tránsito de la UCR. Posteriormente, el 28 de mayo, presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Nación solicitó una reacción al Movimiento Estudiantil Autónomo respecto a los daños y faltantes reportados por las autoridades universitarias. Sin embargo, al cierre de esta edición, la consulta permanecía en trámite.
Toma de la Rectoría
La toma de los edificios administrativos de la UCR inició el 22 de abril como parte de una protesta estudiantil contra el rector, Carlos Araya Leandro, y por las negociaciones entre las universidades públicas y el Gobierno en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.
Los estudiantes le reclamaban un “nulo acompañamiento” en las acciones impulsadas tras las fallidas negociaciones entre las universidades públicas y el gobierno por el FEES.
Además, le reprocharon el resultado de esa negociación, luego de que el gobierno propusiera no aumentar el fondo para 2027, mientras los rectores solicitaban un incremento del 2,94%, equivalente a más de ¢17.000 millones.
Dentro del movimiento, también surgieron voces críticas por los gastos, revelados por La Nación, de poco más de ¢818.000 en servicios de alimentación en el restaurante El Novillo Alegre, entre setiembre y noviembre de 2025.
Esos reclamos derivaron en la toma de la Rectoría de la UCR en abril pasado. Finalmente, el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) entregó el 15 de mayo el edificio, luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades universitarias tras un proceso de negociación que abordó un pliego de 69 solicitudes.
