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El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó distribuir ¢7.873 millones entre sus funcionarios, para reconocer un pago retroactivo de anualidades, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) advirtió al rector, Carlos Araya Leandro, de que el desembolso es contrario a la ley.
El 25 de noviembre del 2025, el Consejo Universitario acordó una modificación presupuestaria destinada a reconocer las anualidades que no se pagaron entre el 2020 y el 2022 por la emergencia causada por la covid-19. En aquella época, la Asamblea Legislativa promulgó una ley para congelar dicho incentivo en todo el sector público, a fin de atenuar las consecuencias económicas por la pandemia.
20 días antes del acuerdo de la UCR, la Contraloría le recordó al rector de esa casa de enseñanza que la ley no había sido modificada.
Así se consignó en el oficio N.° 21839 (DFOE-CAP-2066) que Humberto Perera Fonseca, jefe del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Capacidades de la CGR, remitió a Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA), con copia a Araya Leandro y al resto de rectores de las universidades públicas, así como al Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Posterior a ese fecha, en diciembre del 2025, la Contraloría improbó presupuestos a la UNA, al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y a cinco municipalidades que pretendían hacer ese mismo pago retroactivo.
Choque de criterios entre Contraloría y UCR
Según la UCR, una resolución de la Sala Constitucional, de marzo del 2025, excluyó a las universidades públicas de los alcances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, en consecuencia, quedaron facultadas para ejecutar el desembolso por anualidades, de acuerdo con la convención colectiva de la institución.
Sin embargo, la Contraloría es del criterio de que, en esa sentencia (la 2025-2801), los magistrados constitucionales nunca se refirieron a la Ley N.° 9908, Reforma Ley de Salarios de la Administración Pública, que es donde se establece que “no se girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los periodos 2020-2021 y 2021-2022″.
“Es preciso aclarar que el voto no se pronunció sobre la referida Ley N.° 9908, por lo que la misma mantiene plena vigencia y debe ser observada por las instituciones públicas en el marco de la legalidad aplicable″, advirtió el funcionario de la CGR.
‘Mitiga riesgos legales y administrativos futuros’
Pese a esa alerta hecha a Araya Leandro, el Consejo Universitario de la UCR aprobó la modificación presupuestaria 8-2025, en la que incluyó los ¢7.876 millones para las anualidades.
Ese día, el rector estuvo presente en la sesión, defendió la decisión, agradeció el apoyo, votó afirmativamente y anunció que el desembolso se haría el 14 diciembre anterior.
La cúpula universitaria acordó por unanimidad girar los recursos “para la atención de compromisos salariales originados por el no pago de anualidades en el 2020, el cual se reconocerá retroactivamente también para los años 2021 y 2022″.
“La anualidad 2020 se reconocerá en esos tres años. Así mismo, a partir de diciembre del 2025 el salario será actualizado con la anualidad del 2020″, se precisó en el acuerdo leído por Eduardo Calderón Obaldía, de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios, quien de previo leyó un criterio de la asesoría jurídica de la UCR que avalaba tal decisión.
Calderón dijo al CU que la modificación no iba a generar gastos adicionales a la Universidad. “Solo representa una redistribución interna de los recursos, además de que no se afecta el plan anual operativo y, sobre todo, mitiga riesgos legales y administrativos futuros”, argumentó.
Hugo Luis Amores, delegado del sector administrativo en el Consejo, agregó: “Quiero hacer un reconocimiento especial y respetuoso al movimiento sindical universitario, por su constancia y defensa histórica del derecho a la convención colectiva. Su labor fue fundamental para sostener una causa y garantizar que los derechos laborales permanecieran protegidos”.
Desde el jueves 26 de febrero, La Nación envió consultas al rector Araya, sin obtener una respuesta de él u otro vocero, al cierre de esta edición. Este martes, su equipo de prensa informó de que esperaban responder “antes de que concluya la semana”.
Entre otras cosas, se le consultó si informó a los otros miembros del Consejo sobre ese documento de la CGR y sobre qué sucederá ahora con el dinero pagado a los funcionarios.
Contraloría alertó a Procuraduría
En un oficio posterior a la decisión tomada en la UCR, el N.° 181 (DFOE-IAF-0018-2026) del 9 de enero pasado, la Contraloría alertó de la situación al procurador general, Iván Vincenti Rojas, “visto lo sensible del tema y el impacto que decisiones de esta naturaleza tienen en las finanzas públicas”.
Jéssica Víquez Alvarado, gerenta del Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización de la CGR, recalcó que se trata de una situación recurrente en el sector público y que, solo en diciembre del 2025, tuvo que improbar siete presupuestos que iban en ese sentido.
Detalló que así ocurrió con la UNA, el TEC y las municipalidades de Belén, Alajuela, Abangares, Matina y Santa Cruz.
Además, reiteró que la resolución de la Sala IV no autorizaba ese pago retroactivo y que, incluso, los propios magistrados dijeron que a ellos no les correspondía “la integración ni la interpretación de normas infraconstitucionales”.
“El fallo no puede ser entendido como una habilitación para aplicar instrumentos convencionales en contraposición a disposiciones legales de orden público actualmente vigentes”, argumentó.
“La Contraloría General ha improbado contenido presupuestario y rechazado gestiones que pretendan sustentar pagos retroactivos o incrementos remunerativos por encima de los límites legales, reafirmando el deber de las Administraciones Públicas de ajustar su actuación al principio de legalidad, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las instancias jurisdiccionales para conocer eventuales controversias”, concluyó.
Ante una consulta de este diario, el área que lidera Víquez informó de que actualmente “no tiene en trámite denuncias o investigaciones”, en torno al pago retroactivo hecho por la UCR.
Criterios jurídicos adicionales
En el oficio enviado al rector de la UNA −con copia a sus homólogos de las demás universidades públicas−, el órgano contralor citó expresamente el dictamen vinculante N.° C-060-2019 de la PGR para advertir que deben ajustar sus regímenes de incentivos a los límites previstos en la ley, conforme al principio de legalidad.
Ese dictamen, emitido el 5 de marzo del 2019, reitera que las convenciones colectivas están supeditadas a la ley, incluso a las posteriores, cuando se trata de normas de orden público.
Según la Procuraduría, el régimen de empleo público es estatutario y no contractual, lo que faculta al legislador para modificar condiciones salariales futuras por razones de interés general.
Este criterio lo utilizó la CGR para argumentar que la autonomía universitaria no otorga inmunidad frente a las leyes que pretenden controlar el gasto público y los incentivos salariales.
