En búsqueda de consensos con los sindicatos y para disminuir los riesgos de otra huelga, el Gobierno invitó a 25 agrupaciones de diferentes sectores a integrar mesas de diálogo sobre empleo público.

Las reuniones comenzaron el 25 de enero y desde esa fecha se han realizado seis encuentros, sin que hasta el momento se haya podido entrar en materia, pues los gremios utilizan estos espacios para plantear su malestar y sus dudas sobre la reforma fiscal o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que rige desde el 4 de diciembre.

Los sindicatos además reclaman al Gobierno publicar el reglamento para delimitar los alcances del plan fiscal en su capítulo de empleo público, que debe presentar el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) a más tardar el 4 de junio.

Ante estos vacíos, siete sindicatos le pidieron a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), suspender la aplicación de la reforma fiscal, debido a que según un comunicado de prensa del gremio, esta política genera “descontento, confusión, inseguridad jurídica, y desde luego, una efervescencia más que justificada de los trabajadores”.

“En la Caja se está presentando una situación, las altas autoridades emitieron un criterio de cómo se iba a implementar e instrumentar la ley sin tomar en cuenta una serie de aspectos muy importantes, que tenían que ser dilucidados por el Mideplán”, aseguró el presidente del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

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En la mesa de diálogo del lunes pasado, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, abordó esta problemática con los sindicatos de la Caja, sin que se llegara a ningún acuerdo, aplazando aún más la discusión sobre la reforma al empleo público. Lo mismo ha sucedido con los sindicatos de otros sectores.

A menos de un mes para que el Gobierno presente su propuesta de reforma al empleo público, las autoridades solo han logrado dialogar al respecto con los líderes gremiales del Magisterio Nacional. De acuerdo con el Mideplán, los temas sobre empleo público con las otras agrupaciones serán analizados cuando se despejen las inquietudes que presentaron los sectores sobre el plan fiscal.

Sector educativo es prioridad

A diferencia de los encuentros que sostuvo con los sindicatos en plena discusión fiscal, esta vez el Gobierno procuró atender a las agrupaciones por separado, brindándole un trato especial al gremio de profesores.

El Magisterio Nacional no solo representa al sector público más grande –reúne a 254.500 empleados–, sino que fueron los responsables de extender a 89 días la huelga contra la reforma fiscal.

Los representantes gremiales tuvieron acceso a dos sesiones privadas con la ministra de Planificación para abordar el tema de empleo público y asistieron a una reunión más en la que participaron varios gremios.

Además, fueron atendidos por los ministros de Educación y Trabajo para conversar sobre el proyecto de ley sobre educación dual.

Por último, fueron recibidos en Casa Presidencial por el mandatario Carlos Alvarado para abordar estos y otros temas de interés.

Estos encuentros dieron pie a que el Gobierno aplazara la aprobación del proyecto de educación dual, al cual se oponían los sindicatos de profesores.

La iniciativa estaba lista para aprobarse, pero el Ejecutivo presentó un texto sustitutivo y posteriormente pausó su discusión. Por otro lado, los sindicatos de otros sectores, como salud, solo han entablado tres encuentros con la jerarca de Mideplán, Pilar Garrido, como rectora de empleo público del Estado.

Mientras que las huelgas en el sector de salud no son permitidas por la legislación al ser un servicio esencial, los movimientos sindicales en educación pública sí son amparados por la legislación.

¿Qué dicen los líderes sindicales sobre la reforma al empleo público?

Marta Rodríguez, segunda secretaria de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca)

– ¿La reforma al empleo público debe verse como una amenaza para el trabajador estatal?

– No conocemos absolutamente nada sobre la reforma al Empleo Público, ni se nos ha dado a nosotros ningún documento en donde haya un planteamiento respecto a eso.

– ¿Deber reducirse la cantidad de beneficios que gozan los empleados públicos?

– ¿Como cuáles beneficios? Porque es que ya la reforma fiscal eliminó todas las mejoras para tener un empleo decente que tenían los trabajadores. Lo que hay es una precarización del empleo. No entenderíamos qué es lo que se podría restringir... habría que restringir los salarios de los trabajadores.

– ¿Estaría de acuerdo si el Gobierno busca limitar los pluses salariales a los trabajadores que logren metas planteadas por la institución?

– Mire es que los pluses están ligados a evaluaciones. Desde esta óptica no habría ningún elemento que podría estarse eliminando.

– ¿Y salario único? ¿Lo negociarían?

– Nosotros tendríamos que conocer los planteamientos del Gobierno. Tendría que preguntárselo a los sectores que están negociando.

Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC)

– ¿La reforma al empleo público debe verse como una amenaza para el trabajador estatal?

– Podemos verlo como una amenaza si todo va dirigido a que hay que recortar el Estado y toda esa situación. No puede ir, nunca jamás, en detrimento de la labor del trabajador público.

– ¿Deber reducirse la cantidad de beneficios que gozan los empleados públicos?

– No es que no se deban reducir los beneficios, sino que se debe focalizar dónde está en realidad el problema. Porque hay 14 regímenes en el empleo público, entonces cuáles son los que en realidad son los que hay que entrarle a modificar, que están fuera de lo normal, digámoslo así.

– ¿Estaría de acuerdo si el Gobierno busca limitar los pluses salariales a los trabajadores que logren metas planteadas por la institución?

– El Gobierno habla de aumentar la competitividad, pero todo eso tiene que ir vinculado con darle apoyo al trabajador para poder desarrollar su labor.

– ¿Y salario único? ¿Lo negociarían?

– Bueno, eso está muy conversado. Generalmente cuando se habla de salario único se va hacia abajo, o sea a quitar beneficios, no beneficios, sino a modificar la estructura salarial que tienen los trabajadores. Depende en dónde quiere implementarse eso. Hay muchos regímenes.

Lenín Hernández, presidente del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae)

– ¿La reforma al empleo público debe verse como una amenaza para el trabajador estatal?

– Hasta el momento, desde el punto de vista como lo enfocó la Ministra de Planificación, que este proceso va orientado a la búsqueda de la eficiencia del Estado, me parece bien el objetivo.

– ¿Deber reducirse la cantidad de beneficios que gozan los empleados públicos?

– Considero que se debe hacer una revisión integral de los regímenes salariales del empleo público, pero de manera pausada y consensuada.

– ¿Estaría de acuerdo si el Gobierno busca limitar los pluses salariales a los trabajadores que logren metas planteadas por la institución?

– Claro que sí. El servidor público debe mostrar un alto grado de probidad y eficiencia. Lo más importante de todo es que el instrumento sea objetivo y lo dijo porque en la Caja Costarricense de Seguro Social es muy subjetivo, entonces se presta para los errores.

– ¿Y salario único? ¿Lo negociarían?

– Vamos a ver... con relación a la revisión de salarios y establecer un salario único, si el parámetro que se busca va orientado a mejorar las condiciones de los trabajadores, en todos los ámbitos, incluyendo el salarial, lo analizaríamos... no lo descarto.