A pesar de que la reforma fiscal quedó aprobada y se convirtió en ley de la República desde el pasado 4 de diciembre, los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) exigen a la institución no aplicar las disposiciones contempladas en esta legislación.
Ellos alegan que la Caja es una entidad que goza de autonomía de administración y gobierno.
“Las disposiciones publicadas, desde nuestra óptica, en forma precipitada e imprudente, han provocado descontento, confusión, inseguridad jurídica y desde luego, una efervescencia más que justificada de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social”, dice un documento firmado por los representantes de siete sindicatos de la institución.
Los líderes gremiales le piden al presidente de la Caja, Román Macaya, suspender la aplicación de la reforma fiscal en la institución e instalar una mesa de diálogo con el objetivo de negociar las disposiciones de la legislación.
“La Caja Costarricense de Seguro Social tiene toda la apertura para analizar el tema y por eso hemos sostenido conversaciones con ellos. Mi esperanza es que este diálogo que hemos abierto permita un debate de ideas serio, respetuoso y responsable”, respondió Macaya, quien además indicó que algunas disposiciones de la ley son de acatamiento inmediato y obligatorio.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entre otras directrices, establece que durante 24 meses posteriores a la divulgación de la ley, no se autorizará ningún incremento salarial para todos los trabajadores que devengan mensualmente ¢4 millones o más.
De esa manera, los salarios de 417 funcionarios de la Caja no podrán crecer, ni siquiera por la creación de un nuevo incentivo salarial, pues la reforma impide otorgar nuevos pluses, a menos de que se apruebe una ley con ese fin.
Además, la reforma fiscal establece que en el caso de incentivo por dedicación exclusiva se debe reconocer un 25% adicional del salario a licenciados y 10% a bachilleres, cuando la Caja pagaba a los trabajadores con grado superior un 45% y 20% a los empleados con bachillerato.
Con la aprobación de la reforma fiscal, las anualidades pasaron de ser un porcentaje del salario base a un monto fijo invariable para cada escala salarial y además estarán sujetas a una evaluación del desempeño. La Caja pagaba a todos sus empleados 5,5%.
La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con una planilla de 147.000 trabajadores. En 2017, la entidad tuvo que destinar casi la mitad de su presupuesto para el pago de ¢1,2 billones en salarios e incentivos.
El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, aseguró que “la ley es vinculante para todas las personas y para todas las instituciones públicas”.
“La Sala Constitucional, al conocer las consultas relativas al texto aprobado, dictaminó su constitucionalidad por unanimidad. La ley reconoce el respeto a los derechos adquiridos y la necesidad de avanzar en la vía de la contención del crecimiento del gasto público. El Poder Ejecutivo, en el plazo señalado por la ley, procederá a dictar los reglamentos que garanticen su desarrollo y cumplimiento”, señaló Piza.
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La Universidad de Costa Rica también analiza librarse de límites a salarios, anualidades, cesantía, entre otros temas contemplados en la reforma fiscal. La oficina jurídica de la institución académica alega que la autonomía universitaria le permite a la entidad remunerar libremente al personal.
