El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aún desconoce el futuro de la contratación para completar la construcción del tramo central de la carretera a San Carlos.
Así lo confirmó a este diario el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, quien explicó que debido a que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el ente que financia la obra, debe avalar la recomendación de adjudicación que emite la Administración.
El MOPT solo recibió una oferta por parte de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para ejecutar las obras en el trayecto de 29 km entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de Ciudad Quesada.
“El BID lo que busca en sus concursos es que haya un modelo competitivo, entonces cuando se recibe una única oferta, pues ellos se toman más tiempo para revisar. Nosotros hace unos meses enviamos la recomendación técnica de adjudicación, hemos recibido varios documentos del BID solicitando información. Yo tengo la expectativa de que muy pronto podamos resolver ese tema, sin embargo, en este momento todavía no hay humo blanco”, afirmó.
El jerarca dijo que aún no podrían determinar si sería necesario volver a lanzar la licitación para procurar que haya más empresas compitiendo o bien de que se debe buscar un nuevo financiamiento con otro organismo multilateral, en caso de que el BID rechace la adjudicación.
“En todo caso es importante mencionar que si bien es cierto todo el préstamo de la carretera de San Carlos era financiado por el BID, desde hace pues muchos meses es de conocimiento público que íbamos a requerir recursos adicionales que ya el Ministerio de Hacienda los había garantizado”, agregó.
Para completar el tramo central y la llamada punta sur, el gobierno disponía de un crédito por $225 millones otorgado por el BID, al que se le sumaron $110 millones de la fallida ampliación de la Interamericana Norte entre Barranca y Limonal. El movimiento dejó un total disponible de $335 millones para ambas secciones.
Sin embargo, solo en el caso de la punta sur se requieren de al menos $196 millones que fue el monto adjudicado a MECO, quedando un saldo de $136 millones para el tramo central, a pesar de que ese trayecto es más extenso y se había previsto que requería una inversión mayor (aproximadamente $183 millones). El monto pendiente sería cubierto por el Ministerio de Hacienda.
El jerarca agregó que actualmente no tienen una fecha estimada, pues el banco será el que de la “última palabra”, además indicó que la unidad ejecutora y la empresa supervisora para esa sección, sería la misma que actualmente opera en la punta sur, por lo que podrían “entrar” a ejecutar las obras apenas se reciba dicho pronunciamiento.
Expropiaciones en Punta Sur
El jerarca de Obras Públicas aseguró que en el caso de la punta sur, cuya orden de inicio se dio en mayo anterior, el proyecto no se vería afectado por el atraso en el tramo central, pues es un contrato aparte.
Además, negó que hayan decenas de expropiaciones pendientes como anunció días atrás la Asociación Pro carretera, pues según dijo solo hay tres terrenos por adquirir que no están en el tronco principal.
“Tal vez lo que la gente sigue sin entender es que por temas de ley, con usted tener entrada en posesión voluntaria o entrada en posesión judicial y ya haber hecho el depósito judicial, ya el Estado puede hacer uso del terreno. Eso fue parte de lo que se hizo con la nueva ley de expropiaciones, no tener que esperarse hasta que el juez dictara la sentencia”, afirmó.
El contrato para la punta sur incluye el diseño, la construcción y el mantenimiento por niveles de servicio de los 8,2 km. En ese recorrido la vía tendrá dos carriles por sentido e incluye 13 estructuras mayores, entre puentes y pasos superiores e inferiores. Además, la empresa debe construir pasos de fauna.
Para ejecutar los trabajos, la obra se dividió en dos lotes, que a su vez comprenden varias unidades prediales. Los trabajos fueron encargadas a MECO por $196 millones y el plazo de construcción es de 20 meses.
En el caso del tramo central, el proyecto estuvo en ejecución entre el 2005 y 2018, cuando el entonces jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez decidió poner fin al contrato a cargo de Sánchez Carvajal, debido al aumento en el costo de la obra y al atraso que registraba el proyecto que para ese momento ya había consumido alrededor de $188 millones y tenía un 60% al momento de su paralización.
Ese avance representa 22 km de los 29 km que ya cuentan con asfalto, sin embargo la empresa que se encargue de completar la obra, deberá construir, rehabilitar o reconstruir varios puentes mayores, además de intervenir las zonas donde no se han ejecutado obras de estabilización de taludes o que requieren de modificaciones en el trazado, como ocurrió en el caso del sector del humedal La Culebra.
Ese trayecto también se dividió en dos lotes de obras, con un plazo de ejecución de 40 meses en el lote 1 y 32 meses en el lote 2.