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La primera subasta pública para otorgar frecuencias de radiodifusión sonora y televisiva en la historia de Costa Rica se encuentra bajo análisis de la Contraloría General de la República (CGR) luego de recibirse 29 recursos de objeción, confirmó el ente contralor.
Una de las críticas más severas, presentada por el periodista y abogado Antonio José García Alexandre, advierte que el diseño del concurso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no previene la participación de grupos del crimen organizado ni de otros estados extranjeros en la adjudicación de medios de comunicación.
El proceso, ordenado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) el 25 de setiembre, busca otorgar concesiones por 15 años y ha sido calificado como un cambio radical en las reglas de adjudicación del espectro radioeléctrico.
De los 29 recursos de objeción: tres son para el concurso de televisión, ocho para radio AM y 18 para radio FM.
La Nación consultó a Sutel sobre la inquietud de García Alexandre pero adujo que que, en esta etapa procesal, no puede ni debe adelantar criterio sobre las consultas específicas, en apego a las disposiciones del procedimiento concursal.
El ente regulador de las telecomunicaciones adujo que se encuentra a la espera de que la CGR le dé traslado de los recursos.
Una vez notificada de las objeciones, la Sutel contará con ocho días hábiles para brindar los argumentos técnicos y jurídicos correspondientes, los cuales serán publicados en el expediente.
El proceso concursal genera inquietudes en el sector debido a los montos de base exigidos: un interesado debe alistar al menos $1,6 millones para aspirar a una concesión de televisión de cobertura nacional o $386.000 para una banda de radio FM modalidad IBOC.
La Sutel anunció que esperará ofertas hasta 40 días después del 25 de setiembre, en un concurso de sobre cerrado que incluye una fase posterior de puja. El cronograma propuesto prevé la aprobación final de resultados para su remisión al Micitt entre enero y febrero del 2026.
Cuestionamientos a puja
García Alexandre, en representación legal de TV Diecinueve UHF SA, formalizó su objeción el 7 de octubre de 2025. Su principal argumento es que el cartel de licitación (Licitación Mayor 2025L Y-000003 SUTEL) se abstiene de proteger los principios democráticos y constitucionales de Costa Rica al priorizar la puja económica.
“Las reglas del cartel de ninguna forma impiden al crimen organizado (en sus diferentes modalidades) a que participen y logren por la vía económica únicamente, la concesión de una radio y/o un canal de televisión en Costa Rica,” afirma la objeción.
El recurso también señala que el cartel no establece impedimentos para que un estado extranjero adquiera el derecho concesional.
García Alexandre argumenta que la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) establece que el aprovechamiento de la radiodifusión es una actividad privada de interés público.
El objeto de la subasta, que solo establece precios mínimos y promueve la puja económica, omite el deber de proteger los principios costarricenses en materia de “información, cultura y recreación” apuntó.
Para sustentar su objeción, el abogado y periodista adjuntó ejemplos de países latinoamericanos que sí limitan la participación extranjera para resguardar la soberanía informativa.
Citó el caso de México donde, según su exposición, la participación extranjera no debe exceder el 49% del capital social de la concesionaria, con controles para mantener el control mexicano y Brasil donde esa participación se limita hasta el 30% del capital social.
Medios católicos advierten a apagón
La subasta también ha generado una fuerte reacción de las emisoras pequeñas y no comerciales, según expusieron directores de radioemisoras católicas en la última edición del semanario Eco Católico, emitido este viernes.
Los voceros coinciden en que el modelo de subasta propuesto, al centrarse en el poder económico, amenaza la pluralidad de voces y podría resultar en el “apagón” de los medios no comerciales, incluyendo los de enfoque social, cultural o religioso.
Así lo indicaron a la publicación los directores de Radio Santa Clara y Radio Sinaí.
El sacerdote Elí Quirós López, director de Radio Sinaí, calificó la subasta de “insostenible” porque las bases de precio mínimas, que alcanzan los ¢194 millones para una frecuencia FM de alcance nacional, son “exorbitantes” y dejan de lado la labor social y religiosa, lanzó el religioso.
Gerardo Mora, director de Radio Santa Clara, reforzó esta postura, señalando que la concentración de frecuencias en manos de grupos con alto poder adquisitivo “limita la pluralidad de voces y empobrece el debate público”.
Los críticos argumentan que una inversión alta, como los $1,6 millones base para una concesión de televisión nacional, es “ruinosa” y está “total y absolutamente irreal” para la gran mayoría de medios, refirió Mora citado por Eco Católico.
