La subasta de frecuencias de radio y televisión en señal abierta que impulsa el Gobierno encendió las alarmas en el sector por su impacto laboral, según estimaciones brindadas por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).
Serían más de 5.000 despidos correspondientes a empleos directos, según las estimaciones de Canara, los cuales podrían perderse si el proceso continúa en los términos actuales, advirtió Andrés Quintana, presidente de la Comisión de Gobierno de Canara y presidente honorario de la agrupación.
Quintana, también presidente de la Cadena Radial Costarricense, explicó que el modelo de concurso que instruyó el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y ejecuta la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) amenaza directamente la continuidad de unas 100 emisoras de radio y 50 concesionarios de televisión en Costa Rica.
El grueso de la eventual afectación laboral sería en el sector radiofónico.
El viernes 21 de noviembre, la Sutel cerró la recepción de ofertas del primer concurso público para adjudicar frecuencias, un hito que abre la fase técnica y económica del proceso.
Se trata del cambio más profundo en la regulación de la radiodifusión libre en varias décadas: por primera vez, las empresas con frecuencias concesionadas deberán pagar por el uso del espectro, con precios base que van desde $386.000 por una frecuencia FM nacional en modalidad IBOC hasta $1,6 millones por un canal de televisión nacional.
El esquema incluye un concurso de sobrecerrado y una fase de puja, diseñada para que los oferentes compitan por dinero y eleven el ingreso para el Estado.
Esto generó la semana pasada una oleada de anuncios de eventuales cierres por parte de 20 empresas (emisoras de radio y televisión), quienes ya han confirmado que, con esos precios base, no pueden participar en el concurso y se verán obligadas a cierre.
“Esto arrasa con el modelo costarricense, un modelo plural reconocido a nivel mundial. Lo que está planteado es destruir un esquema que funciona y que ha sido solidario con comunidades y organismos públicos”, comentó Quintana.
La consecuencia más inmediata sería laboral.
“Son más de 5.000 puestos de trabajo que dependen de esta actividad económica. Esto es una catástrofe. Hablamos de misceláneos, locutores, DJ, personal administrativo, gerentes, productores, encargados de cabina… gente que ha dedicado toda su vida a esta profesión”, detalló el dirigente del sector.
Además, recordó que detrás de cada puesto hay obligaciones financieras que dejarían de cumplirse de forma abrupta.
“Imagínese: 5.000 personas sin poder pagar tarjetas de crédito, préstamos de carro, hipotecas o alquileres. Y además, el golpe a la Caja Costarricense de Seguro Social por dejar de recibir las cargas sociales”, agregó.
Para los operadores actuales, esta mecánica no solo transforma su relación económica con el espectro, sino que los expone a perder las concesiones, incluso cuando afirman haber cumplido con todos los requisitos legales para su renovación automática.
Quintana califica el proceso como “ilegal e inmoral” porque —asegura— la ley permite concursar únicamente aquellas frecuencias que estén realmente libres, no el conjunto completo del dial, muchas de las cuales ya fueron renovadas según la normativa vigente y con dictámenes favorables de la propia Sutel.
Pérdida de beneficios comunitarios
El eventual cierre o reducción de operaciones de emisoras y canales no solo afectaría a los trabajadores directos. También provocaría una ola de desempleo en sectores conexos y una reducción drástica de pautas publicitarias sin costo.
“Habrá menos medios de comunicación y los que sobrevivan no tendrán posibilidad de contratar a toda esa gente cesante. No habrá suficientes fuentes de trabajo”, comentó Quintana.
Además, la subasta pondría fin al beneficio histórico de pauta gratuita para asociaciones civiles, organizaciones de bien social, comités comunales, agrupaciones deportivas y campañas públicas.
“Eso se muere. Operar una emisora será tan caro que no habrá espacio para regalar pauta a nadie. Y eso incluye al mismo Estado, que también se beneficia de esos espacios solidarios”, insistió el presidente honorario de Canara.
Canara sostiene que la radiodifusión de acceso libre no es un servicio de telecomunicaciones, según varios dictámenes de la Procuraduría General de la República. Por tanto, las frecuencias deben seguir reguladas por la Ley de Radio, que establece la prórroga automática de concesiones mediante el pago de derechos.