Escuchar
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) advirtió la posibilidad de cierre técnico el otro año por un faltante presupuestario que comprometería su funcionamiento operativo y administrativo, incluidas labores de conservación en las Áreas Silvestres Protegidas a nivel nacional.
El déficit estimado para las operaciones del Sinac en 2026 asciende a ¢3.462 millones, monto que compromete incluso el cumplimiento de los compromisos básicos de operación.
Entre las partidas en condición crítica figura la de servicios, la cual cubre rubros esenciales como agua, electricidad, telefonía e Internet en las instalaciones de las 11 áreas de conservación, desde donde se protegen parques nacionales, humedales, refugios de vida silvestre, reservas forestales y biológicas.
Así lo expresó el director ejecutivo de la institución, David Chavarría Morales, en un documento dirigido a Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entidad a la cual está adscrito el Sinac.
“Uno de los principales impactos previstos ante esta escasa disponibilidad de recursos es un cierre técnico a mitad del año 2026, con todos los riesgos que esto conlleva”, advirtió el funcionario en el oficio CARTA-SINAC-SE-DE-0685-2025, fechado el 21 de mayo.
Para 2026, la institución solicitó un presupuesto de ¢9.122 millones, pero solo se le asignaron ¢5.660 millones. Esta diferencia de ¢3.462 millones representa una reducción del 38 % en los recursos solicitados.
Chavarría Morales precisó que, solo en 2024, se ejecutaron ¢7.129 millones del presupuesto asignado, el cual ya resultaba limitado.
Según su exposición, los ¢9.122 millones pedidos permitirían cubrir diversas necesidades.
Sin embargo, con el monto asignado, la institución advierte que enfrentaría una paralización operativa al ser insuficiente para atender las múltiples responsabilidades del Sinac.
Esto, explica en el oficio, implicaría la paralización de servicios institucionales, un debilitamiento en la protección de las Áreas Silvestres Protegidas y “un grave impacto sobre la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas del país”, reza el mensaje.
LEA MÁS: Guardaparques patrullan con la muerte al hombro: ‘Cualquier recorrido puede ser el último’
“El cierre de puestos operativos por falta de recursos afectaría no solo la conservación ambiental, sino también el turismo y el bienestar de las comunidades locales que dependen de estos espacios naturales”, agregó.
Según Chavarría, no habría certeza en el 2026 de la continuidad y calidad de los servicios que brinda la institución, afectando directamente a la ciudadanía y al interés público.
La Nación consultó este jueves al Ministerio sobre esa alerta del eventual cierre del Sistema, según lo dicho por Chavarría. La cartera aseguró que daría trámite a esa consulta.
Afectación
De acuerdo con el documento, se verían interrumpidas actividades clave de los guardaparques como rondas cortafuegos para prevenir incendios forestales, acarreo y transporte de materiales, limpieza de instalaciones y zonas verdes, vigilancia y seguridad en oficinas regionales, subregionales y en las áreas protegidas, mantenimiento de tanques sépticos y de equipos de cómputo, así como de los vehículos terrestres y acuáticos.
El funcionario también destacó el alto costo de operación de la flotilla de transporte, ya que aproximadamente el 70% de los vehículos han superado su vida útil, aunque siguen siendo esenciales para las labores del personal.
Además, advirtió que la operatividad se verá aún más afectada por la limitación de recursos para viáticos y combustible, lo que obstaculizará las actividades de campo, las giras técnicas y las acciones de seguimiento.
De igual forma, se verán comprometidos diversos contratos, ya que, en la mayoría de los casos, solo podrían cubrirse entre tres y seis meses.
Fuera de afectar el funcionamiento del Sinac, cita el funcionario, también expondría al Sistema a riesgos legales por incumplimientos contractuales. Estos, agrega, podrían derivar en procesos judiciales y en eventuales pagos de indemnizaciones a proveedores y contratistas, lo que agravaría aún más la situación financiera.
Chavarría también alertó sobre situaciones críticas en algunas dependencias.
Por ejemplo, la Oficina Subregional de Nicoya podría tener necesidad el otro año de reubicarse respecto al edificio que ahora ocupa (con orden sanitaria de desalojo desde el terremoto de 2012), ante la imposibilidad de pagar el alquiler actual.
LEA MÁS: Costa Rica aumenta sus áreas protegidas, pero recorta recursos para resguardarlas
Asimismo, el Parque Natural Urbano Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana carecen del presupuesto necesario para cubrir servicios públicos básicos y mantenimiento.
En el caso del Parque Nacional Isla San Lucas, no habría fondos para contratar el transporte de funcionarios desde Puntarenas, ni para trasladar insumos esenciales como agua potable, alimentos y combustible, ya que el sitio no cuenta con servicios básicos.
Otras áreas afectadas incluyen la Auditoría Interna, cuyo Plan Anual de Trabajo podría quedar comprometido, y el Comité de Género, que no podría ejecutar actividades programadas como capacitaciones o encuentros de mujeres guardaparques.
De hecho, el pasado 15 de mayo, la Auditoría Interna del Sinac envió al viceministro Rodríguez el oficio UAI-DAV-10-2925, en el que expone sus propias preocupaciones por la reducción presupuestaria prevista.
Según ese documento, la Auditoría recibiría solo ¢6 millones para 2026, pese a que había solicitado ¢29 millones, recordó en su oficio Virgilio Siles Elizondo, auditor interno del Sinac.
A su juicio, el incumplimiento de esta obligación compromete la independencia funcional, la eficacia y la eficiencia de la auditoría, y pone en riesgo la transparencia y el control interno de la gestión pública.
“El suscrito se permite advertir que, con los ¢6 millones asignados arbitrariamente a la UAI por personas sin potestad para hacerlo, y sin siquiera haber solicitado el criterio del suscrito, tal como lo establece el marco legal, se podría materializar el riesgo de incumplimiento del Plan Anual de Trabajo, con clara y directa afectación al sistema de control interno de la institución”, concluye el documento.
