Escuchar
Juan Carlos Soto, representante de los autobuseros en el Consejo de Transporte Público (CTP), enfrenta una polémica por un supuesto conflicto de intereses en el ejercicio del cargo.
Soto, designado en el CTP por el Consejo de Gobierno desde junio del año pasado, es concesionario de varias rutas de transporte público y, a su vez, dueño de Eurobús, empresa importadora de autobuses de las marcas Scania y Volkswagen.
Un representante en el país de otra compañía fabricante de unidades, Daewoo Bus Costa Rica S. A., fue el primero en emitir críticas al nombramiento.
Luego se sumó la Asociación Nacional Pro Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (Asoprousuario), que pidió a la Procuraduría de la Ética Pública investigar el caso.
Según una nota enviada por Daewoo al presidente Luis Guillermo Solís, la designación de Soto le otorga “gran influencia” sobre los empresarios del sector de transporte público.
“El nombramiento de este distinguido empresario constituye una amenaza clara y directa a los principios de igualdad y de libre empresa”, señala el escrito remitido meses atrás.
Datos del CTP indican que, en el 2013, fueron autorizados 278 autobuses, de los cuales 36 eran de la marca Volkswagen.
La Nación solicitó la cantidad de unidades acreditadas por marca en el 2014, pero al cierre de edición no se tenían los datos.
“Estoy en el Consejo porque los empresarios de buses me lo pidieron, pero yo no quería porque no tengo tiempo”, se defendió Juan Carlos Soto.
El autobusero desestimó cualquier tipo de injerencia sobre las decisiones de los concesionarios de transporte público con respecto a la compra de nuevos buses. De acuerdo con Eurobús, entre el 2013 y el 2014 vendieron 60 unidades Scania y 84 Volkswagen.
Las dudas. Maximiliano Anderson, gerente general de Daewoo Costa Rica, dijo que no han recibido respuesta al documento dirigido al presidente Solís.
Entre tanto, Asoprousuario sostiene que Soto “puede estar faltando a la ética y al deber de probidad al estar beneficiando o favoreciendo a los empresarios a los que brinda servicios”.
El año pasado, por ejemplo, Soto participó en la votación para renovar las concesiones de autobús, muchas de las cuales pertenecen a sus clientes. El acta de esa sesión es la única que no está disponible en la página web del Consejo de Transporte Público.
La Procuraduría de la Ética, por su parte, informó de que el 6 de marzo emitió una resolución sobre la denuncia de la Asociación. No obstante, el documento es confidencial hasta tanto el Consejo de Gobierno tome una decisión. El asunto tiene el número de expediente DEP-104-2014.
Defensa. Mario Zárate, director ejecutivo del CTP, descartó cualquier conflicto de intereses en este caso, pues, según dijo, Soto solo representa un voto.
“Don Juan Carlos tiene más de 25 años de dedicarse a esto (venta de buses); a él lo cuestiona un competidor”, comentó Zárate.
En criterio del funcionario, no existe margen para pensar en eventuales choques de intereses.
Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, también defendió la elección.
“Primero, ese conflicto de intereses sería para los empresarios y los mismos empresarios lo nominaron. Así que si ellos no tenían problema, no es competencia nuestra”, expresó Urbina.
