La intención de un empresario de levantar una planta industrial para recuperar metales a partir de baterías de vehículos, desató un conflicto en el distrito de Jiménez, en Pococí de Limón.

A los pobladores les preocupa que desechos como ácidos y plomo, provenientes de las baterías, terminen contaminando fuentes de agua para consumo humano, quebradas y ríos que llegan hasta el Parque Nacional Tortuguero.

Además, les inquieta el ruido que genere la planta, pues el terreno donde se instalaría está en medio de un área residencial, donde hay canchas de deportes y un colegio.

Reinaldo Arguedas, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de esa comunidad, relató que en 2018 indagaron sobre las obras que se realizaban en esa propiedad y les comunicaron que se construiría una bodega.

No obstante, la historia dio un giro en octubre de 2019. De acuerdo con el dirigente comunal, en ese mes descubrieron que Jorge Durán Rodríguez, dueño de una chatarrera en San José, pretendía instalar ahí un complejo para reutilizar componentes de baterías.

“El terreno en el que se quiere hacer la obra está en un área residencial, a 500 metros está la plaza de deportes y a 500 metros está el colegio, los vecinos pensaban que se estaba construyendo algún galerón o algo así. Yo entiendo que para este tipo de cosas lo primero que se debe hacer es socializar el asunto con la comunidad, pero eso no ocurrió”, comentó el líder comunal.

Para dejar evidencia de su oposición, el 5 de noviembre de 2019 acudieron más de 200 vecinos de Jiménez a la sesión del Concejo Municipal de Pococí y entregaron un documento en el que exponen sus preocupaciones.

Entregaron además 38 páginas con firmas de los pobladores, de las cuales este medio de comunicación tiene copia.

“En la comunidad nadie tenía conocimiento de ese proyecto y, a nivel municipal, lo que se había solicitado era un permiso para la construcción de una bodega, cuando se nos comunica lo que realmente se quiere construir fue una preocupación enorme”, dijo Arguedas.

Por su parte, Durán dio como argumento para desarrollar su compañía, que en Pococí no existe plan regulador.

Al consultarle si la ausencia de esa herramienta de planificación territorial lo autoriza a desarrollar una industria de reciclaje de baterías en una zona residencial, dijo que la planta no genera desechos.

“Ahí está todo en Setena y todo lo he hecho legal”, comentó.

A pesar de esa afirmación, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) paralizaron el proyecto desde marzo de 2020, por entubar una quebrada y construir sobre ella.

Las supuestas irregularidades quedaron plasmadas en la resolución 0537-2020 Setena, firmada por Cinthya Barzuna, secretaria general de la institución. El informe fue elaborado después de una inspección en el sitio donde pretende instalarse la actividad.

“En síntesis, se tiene por evidenciado que el terreno en donde se pretende desarrollar el proyecto ‘Planta de Reciclaje de Baterías’, se encuentra por encima de un cauce de dominio público de flujo permanente declarado así por la Dirección de Aguas”, declaró Setena luego de visitar la propiedad de Durán.

Setena agregó que el hombre omitió informar la presencia y entubamiento de la quebrada a la hora de gestionar la viabilidad ambiental para la compañía de reciclaje, en 2018.

En la actualidad, la obra continúa paralizada.

El lunes 5 de abril, este diario le preguntó a Durán, vía mensaje de texto, sobre la medida cautelar impuesta por la Secretaría, pero solo contestó: “Gracias por la publicidad gratis”.

Jorge Durán es el mismo empresario que, en junio de 2020, le vendió a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 316.000 mascarillas quirúrgicas por ¢88 millones para atender la pandemia.

Dicha adjudicación se concretó en solo 48 horas mediante una compra directa, en la que no hubo más oferentes, según el expediente de contratación. El proveedor se inscribió como contratista de la Caja un día antes de la adjudicación.

Análisis municipal

Manuel Hernández, alcalde de Pococí, confirmó que existe malestar entre los vecinos de Jiménez porque los permisos tramitados ante el Ayuntamiento eran para una bodega y desconocían la intención de asentar una recicladora de baterías.

“A los vecinos les preocupa que haya desechos de plomo, que en un futuro afecte a los que viven ahí actualmente y, en un futuro, a sus hijos. Entonces, hay mucha preocupación, se habla de casos similares en otros países que han afectado la salud de las personas. En el distrito de Jiménez casi todo el pueblo está en contra de esa planta”, afirmó Hernández.

Para analizar el caso, el gobierno local creó una comisión que cuenta con apoyo de especialistas de la Universidad Nacional.

En esa comisión participan regidores propietarios y suplentes con la asesoría técnica de José Pablo Sibaja, académico de la Escuela de Química de la Universidad Nacional y director del Laboratorio de Química de la Atmósfera de ese centro de estudios.

En las próximas semanas, la comisión revisará los documentos de Setena relacionados con la recicladora, entrevistará a vecinos y autoridades del Ministerio de Salud para definir una posición municipal con respecto al establecimiento de esa empresa.

Sibaja manifestó que este tipo de actividad industrial es peligrosa para la salud humana, la fauna y la agricultura si no se realizan estudios científicos que garanticen un funcionamiento seguro.

“Se deben realizar estudios de dispersión de gases en el aire, tomar en cuenta la meteorología de la zona, cómo son los patrones de viento, los patrones de lluvias e identificar las áreas que se inundan. También debe considerarse el tipo de suelo, precisar la profundidad de los mantos acuíferos; eso es muy importante ante la presencia de residuos que pueden contener plomo.

“Hay toda una serie de criterios que deben tomarse en cuenta para la instalación de una planta de este tipo”, comentó el experto de la Universidad Nacional.

Cambio de criterio

De acuerdo con los archivos de Setena, Durán sí tramitó y consiguió la viabilidad ambiental ante esa entidad, sin que las autoridades le exigieran análisis científicos y técnicos profundos para corroborar que su plan no causaría daños ambientales en Jiménez.

Además, según el expediente 21.762-18, un cambio de criterio del Ministerio de Salud, permitió a la empresa obtener el aval ambiental por parte de Setena.

El 23 de enero de 2019, Setena consultó a Salud si, basados en el Reglamento de Higiene de Uso Industrial, el uso de suelo para la edificación de la planta requería su aprobación.

La respuesta se dio se dio el 8 de marzo siguiente, en la cual le indicó a Setena que la industria propuesta por Durán no cumplía con la reglamentación vigente.

El 2 de abril de 2019, el empresario pidió a Setena no decidir sobre la viabilidad ambiental para su negocio hasta aclarar lo dicho por Salud.

Diez días después, el Ministerio de Salud remitió a la Secretaría una nueva nota en la cual pidió dejar sin efecto el oficio del 8 de marzo; argumentó que la aprobación de uso de suelo es competencia de las municipalidades y que su participación será cuando el interesado gestione el permiso sanitario de funcionamiento.

El 24 de abril de ese mismo año, Durán presentó un recurso de revocatoria que fue declarado con lugar el 29 de mayo. El 20 de junio recibió la viabilidad ambiental.

Cinthya Barzuna, secretaria general de Setena, aseveró que ella no se opondría a una industria de reciclaje de baterías en su barrio si la firma responsable cumple con todos los requisitos.

“Si se hace correctamente, cumple con la reglamentación y con todos los requisitos desde la parte ambiental y la parte de salud (...) Me gustaría también que todo el país contara con un plan regulador que permitiera una zonificación para determinar cuáles zonas son industriales, comerciales o residenciales”.