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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) enfrenta un grave riesgo financiero que podría afectar tanto el suministro de agua potable como el saneamiento de aguas residuales, aseveró una directiva de la entidad que renunció esta semana por un conflicto interno relacionado con la adjudicación de un contrato millonario a una empresa china.
En su carta de renuncia, Beverly Hernández Castro advirtió sobre una crisis en la institución debido a la incapacidad de presentar datos precisos sobre su contabilidad tarifaria, lo que impide satisfacer los requerimientos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para ajustar sus tarifas y obtener los fondos necesarios para su funcionamiento.
Hernández Castro confirmó que actualmente no existe una estrategia que garantice la sostenibilidad de la prestación del servicio del AyA a los 794.000 abonados que atiende, lo que coincide con la advertencia que hizo Aresep el mes pasado sobre el riesgo de una interrupción de servicios debido a problemas de gestión de proyectos en el AyA.
Este panorama representa una seria preocupación, ya que afecta no solo la salud pública, sino también las actividades económicas; agregó. La Nación se comunicó este mismo sábado con Alejandro Guillén Guardia, jerarca del AyA, para realizarle consultas sobre la salida de Hernández Castro y las denuncias planteadas en su escrito de dimisión.
El funcionario dijo que iba a referirse al tema en el transcurso del día.
El ente regulador afirma que el Instituto se endeudó para construir proyectos de infraestructura en acueductos, pero sin trasladar esas acciones a las tarifas. La situación, dijo el mes anterior, le ha generado deudas de casi ¢15.000 millones.
“La radiografía de la Aresep muestra la incapacidad del AyA para generar datos, fue muy dolorosa esa fotografía pero es la verdad. No pudimos darlos y al no poder demostrar nuestra gestión en ejecución de proyectos, es obvio que no pueden darnos tarifas”, advirtió Hernández Castro.
Tan grave es la situación, según su declaración, que la contabilidad tarifaria del AyA “es absolutamente deficiente,” al punto de incapacidad para brindar datos en la forma como lo requiere Aresep de empresas reguladas.
“No tenemos cómo confirmar costos ligados a proyectos. Reconocer esto es muy duro pero el diagnóstico de Aresep es claro y no hay forma de tapar el Sol con un dedo. No hay trazabilidad de costos y se hacen prórrogas a los proyectos más allá de lo debido lo cual afecta a la población”, agregó.
Incluso, dijo, han recibido advertencias de la Contraloría General de la República y la propia Auditoría Interna de AyA.
